Que en un universo de más de 369 aspirantes —muchos de ellos sin experiencia electoral relevante— destaca la participación de varios perfiles tapatíos con trayectoria sólida en la materia. Silvia Guadalupe Bustos Vázquez, actual consejera del IEPC Jalisco, ya fue considerada en una terna para el Tribunal Electoral estatal, lo que habla de su reconocimiento, aunque el Senado la descartara. Carlos Servín Ugarte suma experiencia como consejero en la junta local ejecutiva del INE, un valor añadido frente a quienes nunca han estado en la organización de comicios. Manuel Alejandro Murillo Gutiérrez combina derechos humanos y dirección en el IEPC, mientras que Luis Gabriel Mota ha sido consejero en Guanajuato, demostrando movilidad y conocimiento del sistema. Finalmente, Yolanda Franco Durán aporta su paso por la consejería en Aguascalientes y su actual dirección de Prerrogativas. Ante la falta de filtros más rigurosos, en todo caso, son de lo poco rescatable de una convocatoria donde muchos ni siquiera acreditan lo básico.
Que publicar la lista definitiva un domingo por la noche y aplicar el examen al lunes siguiente para las tres consejerías del INE es, cuando menos, una pésima planeación. Dejan fuera a 36 personas —quienes quizás tenían razones válidas para impugnar o al menos para conocer los criterios— y a los que sí pasaron los filtros les dan apenas unas horas para presentarse. No es serio. Un proceso con estas prisas sólo alimenta la sospecha de que desde las entrañas del INE buscan reducir la participación real o favorecer a quienes ya estaban enterados de antemano. Si el examen es tan importante, ¿por qué no dar al menos 48 horas para que se organicen? Esto no es eficiencia, es desorden con consecuencias.
Que los productores de Jalisco, a través de la Asociación Amigos por el Campo, han decidido mantenerse al margen del bloqueo carretero nacional, pero no por desinterés o falta de afectación. Al contrario, enfrentan una crisis de comercialización que amenaza con dejar un millón y medio de toneladas de maíz sin comprador. Su postura es clara: apoyan el reclamo, pero no los bloqueos. Así lo dejó saber Edgar Ortiz de Santiago, presidente de Amigos por el Campo, al señalar que, aunque no convocaron a los cierres, sí se suman a la exigencia de una respuesta del gobierno federal.
