Que en una sesión maratónica que confirmó su fuerza, el oficialismo en el Congreso de Jalisco impuso su agenda y desbloqueó de un solo golpe los asuntos críticos del año: el Paquete Presupuestal 2026 y nombramientos clave. La votación, con un contundente respaldo de legisladores, pintó un nuevo mapa de alianzas: el bloque integrado por PRI, Hagamos, PAN, Verde y Movimiento Ciudadano votó unido, mientras Morena, con sus aliados de Futuro (dos diputados), PT (son dos, pero votaron diferenciado) y el diputado sin partido Alejandro Puerto, quedó aislado. Esta vez, el PAN dejó solo a Morena. El resultado fue un dominio total que marca la cancha y demuestra que la negociación, iniciada desde “casa Jalisco” y la operación estratégica de Gaby Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, junto con su coordinador José Luis Tostado, rindió frutos para la coalición gobernante.
Que la ausencia del diputado Alberto Alfaro (Morena), presidente de la Comisión de Vigilancia, en la votación para reelegir al Auditor Superior Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, es reveladora. Su omisión, tras liderar una campaña en contra de la ratificación, terminó exponiendo un claro conflicto de intereses y socava la imparcialidad que debe regir su encargo. Al abstenerse de votar —ni en contra ni a favor— en un asunto que había cuestionado públicamente, Alfaro evade su responsabilidad y debilita la credibilidad de la comisión que preside. Su posición queda, desde ahora, bajo estricta observación.
Que en un alarde de coherencia administrativa sin precedente, Tlaquepaque desempolvó el radical concepto de “cumplir la ley” que, al parecer, las anteriores administraciones habían archivado; ahora, para combatir la inseguridad, según David García, de la Secretaría de Fomento Económico, la genial estrategia es restringir el horario de los bares mientras se implementa un cobro extra por “seguridad” que, ¡oh casualidad!, ya estaba escrito en la ley de ingresos, esperando su momento para salvar el día… y las finanzas municipales. Eso sí, todo por el bien del orden público, aunque solo siete u ocho vinaterías descontentas —esas insensatas que quieren trabajar más de dos horas extra— no puedan apreciar tan desinteresado esfuerzo por su propia seguridad, la cual, por supuesto, mejora notablemente pagando una cuota adicional de 500 pesos diarios por negocio.
