Que la recomendación emitida por la Procuraduría de Derechos Humanos, aunada a la liberación de los detenidos de Cuerámaro originalmente acusados de terrorismo ponen los reflectores en el área más sensible de cualquier administración como es la seguridad.
Pues estamos a menos de quince días que se celebren los informes que darán el gobernador del estado Diego Sinhue, y el Fiscal General Carlos Zamarripa, quienes son piezas clave en la búsqueda de solucionar el problema que en la materia hoy vive el estado, por lo pronto desde el ejecutivo a través del secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca ya anunciaron que acepta la recomendación.
Que también habrá que poner las cosas en contexto, son más de 2 mil los elementos que conforman las FSPE, y pretender dañar la imagen de una corporación por el mal desempeño de seis elementos sería una exageración, pero también habla mal de sus superiores el no haber actuado de inmediato para evitar una recomendación.
Por lo pronto el secretario de Seguridad, ya se comprometió en 15 días a responder a la Procuraduría de Derechos Humanos, en tanto si bien es cierto no hay una imputación en contra de los elementos de la corporación, pues esta corresponderá a la Fiscalía hacerla, pues se pide la conclusión del expediente abierto por la muerte de Leo el joven migrante.
Que en otros temas para el estado sigue pendiente la reunión con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera para finiquitar un montón de pendientes, en materia de recursos que solicitó el gobierno del estado de Guanajuato y que esperan que haya pronta resolución como por ejemplo los 4 mil millones de pesos pendientes del Insabi.
Otros proyectos que están a la espera de resolverse y que siguen también en el cajón de los pendientes son la carretera Silao San Felipe y la tan llevada y traída carretera de Atarjea, de la que se esperaban recursos por la venta de artículos decomisados a los hackers de León, ahora falta la definición de todo esto.
