En Celaya como un supuesto “experimento social exitoso”, seis rampas para uso exclusivo de personas en sillas de ruedas fueron modificadas en su color, pasaron de azul con blanco a rojo con blanco. Para reparar el error casi de inmediato en cuanto empezaron las críticas fueron repintadas casi a su forma original ya que el alcalde de extracción morenista Juan Miguel Ramírez decidió dejar la tonalidad roja en las áreas laterales.
Para las autoridades municipales esta acción se justifica porque el color rojo representa el peligro. Por cierto, el director de Tránsito y Policía Vial, Martín Filiberto García Medina reconoció públicamente que él fue el de la ocurrencia, se le hizo fácil dar la orden de “llévate el rojo” para pintar estas rampas con este color.
Y no es la única vez que algo así pasa por ejemplo en la administración del entonces gobernador Juan Manuel Oliva se pintaron de azul todas las herrerías de puentes vehiculares del estado; pese a que el color correcto y por normativa era el amarrillo. Incluso las obras que se iban inaugurando desde el inicio eran pintados de azul. Los seis años se quedaron así. Hasta después cambiaron al amarillo.
Que, ante la urgencia de atender el delito de la extorsión en México, la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, envío al gabinete federal de seguridad la petición de intensificar los equipos inhibidores de señal en los centros penitenciarios del país, por lo que confía en que muy pronto se esté tomando esta medida. En el estado han dejado claro, que este problema no se registra en los penales locales por las diferentes medidas que se ejecutan.
Sin embargo, en Guanajuato el 80 por ciento de las llamadas de extorsión que se registran provienen de centros penitenciarios de entidades como Tamaulipas y Estado de México, Jalisco, Morelos solo por mencionar algunos. Llamadas donde dicen ser parte de un grupo delictivo, otros donde fingen llamar de algún banco y otros que de plano hasta se dicen ser de alguna paquetería.
Por lo que sin duda urge que se tomen sí o sí medidas en los centros penitenciarios del país, para disminuir estas llamadas que han azotado a la ciudadanía peor que una pandemia. En algunos casos no pasa del susto pero en el peor de los casos quienes caen, el impacto es el bolsillo y de lo último que alguien se acuerda en ese momento es colgar el teléfono.
