Que en el caso de los policías asesinados en Guanajuato hay una clara intención de parte de las autoridades de que ningún hecho de violencia que se ejecute en contra de elementos de las fuerzas del orden quede impune y de enviar un mensaje a los delincuentes de respeto mediante los mecanismos establecidos por la ley.
Y es que de manera maliciosa se hicieron circular versiones negativas respecto a la respuesta de la autoridad en el operativo ocurrido en el municipio de Yuriria donde murieron 10 presuntos delincuentes, el asunto tiene que ver con una respuesta legal a una agresión abierta hacia la autoridad, una a la que por cierto los maleantes no le tienen respeto.
Que de hacer mucho ruido pasó a pocas nueces la declaración que en 2020 lanzó el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, quien dijo que iban a “iniciar un procedimiento para aclarar todas estas conductas y ver si existe alguna imputación de carácter legal” en contra del ex fiscal del estado Carlos Zamarripa.
Y es que ayer Gertz Manero fue cuestionado sobre esta supuesta investigación y aseguró que no hubo nunca ninguna indagatoria en contra de Zamarripa Aguirre y lo que pocos saben es que pese a ese desaguisado la colaboración entre la fiscalía local y la federal se mantuvo muy estrecha a grado tal que había apoyo de Guanajuato en temas como pruebas periciales.
Que en el tema del Fidesseg el 8 de enero el gobierno de Guanajuato rindió su informe justificado en el que entregaron toda la información respecto a las decisiones tomadas en torno a la desaparición del fideicomiso como lo adelantó la gobernadora Libia García mismas que serán analizadas y desahogadas en la audiencia constitucional.
Además la titular del Ejecutivo queda claro que no entrará en conflicto con el Poder Judicial pero ya anunció que está en desacuerdo con la multa aplicada por el desacato a la suspensión otorgada a los empresarios en la que se solicitaba la reposición del Fidesseg sin dejar de lado las dudas sobre su operación.
