Que por primera vez en la historia de Guanajuato hoy deberá comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Poder Legislativo, un funcionario público por no aceptar una recomendación emitida por la Procuraduría de los Derechos Humano que encabeza Vicente Esqueda Méndez.
Se trata del alcalde de San Diego de la Unión, Juan Carlos Castillo Cantero, a quien se le recomendó ofrecer una disculpa pública institucional en favor de una regidora de la administración pasada por la violación a su derecho en su condición de mujer a una vida libre de violencia.
Que lo que es cierto es que este hecho tristemente solo terminará en exhibir al alcalde como un violentador de derechos humanos, pero sin una consecuencia legal, penal o administrativa, lo que habla de la necesidad de darle dientes a las autoridades para evitar que incumplan sin justificación alguna una recomendación.
Nos explican que la única consecuencia legal que podría darse, es en caso que el susodicho no se presente a comparecer y el Congreso ahora sí podría solicitar un juicio político en su contra y destituirlo del cargo, pero por no acudir ante los diputados, no por no cumplir con la recomendación.
Que sin embargo, lo que busca la Procuraduría es sentar un precedente de que quien no acate las recomendaciones, que en realidad pueden ser reculadas siempre y cuando haya argumentos, no pase desapercibido y se le exhiba como un incumplido, lo cual sin duda afecta la imagen del servidor.
De hecho, ya hay precedentes de dos ex alcaldes que cumplieron luego de haber sido avisados de que la Prodheg iniciaría el procedimiento y fueron Luis Alberto Villarreal de San Miguel de Allende y Ricardo Ortiz de Irapuato.
