El 11 de octubre, afuera de la casa del gobernador, golpearon, amenazaron, reprimieron y detuvieron a personas que exigían agua limpia. Esa noche eran “generadores de violencia”, horas después, liberados por “exceso de violencia”. Y el titular de la Secretaría de Seguridad de Jalisco en vez de dar respuestas por estos actos, dice: “yo no fui”. Así de simple.
Como si fuera suficiente explicación para no enfrentar las consecuencias de los abusos policiales cometidos por sus elementos contra manifestantes. Porque la ignorancia y la ausencia no lo eximen, al contrario. ¿Cómo el responsable de una corporación policiaca puede lavarse las manos de un operativo en el que golpearon a mujeres, gasearon a niños y adultos mayores y casi ahorcan a uno de los detenidos?
Si él no fue, ¿quién? ¿17 policías tomaron las riendas por su propia cuenta? ¿Llevaron el gas lacrimógeno porque quisieron? ¿Tenían listo un cuarto en Casa Jalisco por casualidad?
Son policías investigados por hacer lo que se esperaba: ejecutar órdenes. Cumplen su función como instrumento de un Estado opresor. Obedecen y punto. No cuestionan. No analizan. No se resisten. Lanzan el porrazo y se esconden en las faldas de la protección que ofrece el uniforme.
Hoy los 17 elementos están bajo proceso, pero bien cuidados. Sus nombres y sus rostros permanecen reservados por su protección, según las propias autoridades estatales. ¿Y quién se preocupó de cuidar la identidad de los 39 detenidos? ¿A quién le importó (o le sirvió) la filtración de videos de cámaras de seguridad donde supuestamente aparecían? ¿O quién de ellos señaló la violación a la presunción de inocencia?
Ellos no importan. De ellos que se sepa todo. No tienen uniforme que les permita mezclarse entre el resto de los “provocadores” ni insignias que les garanticen un trato especial.
Ese domingo se reprimió brutalmente a una ciudadanía ahogada en agua sucia y pestilente, en la misma que ahora se lavan las manos funcionarios y esbirros, y entonces resulta que ahora nadie sabe y nadie supo quién fue.
