En México seguimos atrapados en una narrativa que ya no se sostiene: la de que lo público, por definición, es más justo, más eficiente y más cercano al pueblo.
La realidad es otra. Con contadas excepciones, las empresas de los diferentes niveles de gobierno se han convertido en estructuras costosas, ineficientes y, en muchos casos, profundamente opacas.
Operan en números rojos, dependen de subsidios permanentes y, peor aún, han sido utilizadas como herramientas políticas antes que como instrumentos de desarrollo.
Mientras tanto, el país se rezaga. Carreteras inconclusas o deterioradas, servicios públicos deficientes, infraestructura insuficiente y proyectos que cuestan el doble o el triple de lo presupuestado.
Todo ello pagado por los ciudadanos, que no solo financian estas ineficiencias con sus impuestos, sino que además reciben servicios de menor calidad.
Pero cuestionar este modelo incomoda. A quien lo hace se le etiqueta rápidamente como “neoliberal”, como si señalar lo evidente fuera un pecado ideológico.
Lo irónico es que millones de mexicanos no tienen problema en migrar hacia las economías que hoy se critican desde el discurso oficial, donde la colaboración entre sector público y privado ha generado crecimiento, empleo y bienestar.
Aquí seguimos defendiendo lo indefendible. Se insiste en que los diferentes niveles de gobierno deben hacerlo todo, aun cuando han demostrado, una y otra vez, que no pueden hacerlo bien.
Se rechaza la inversión privada en sectores estratégicos como si fuera una amenaza, cuando en realidad es una de las pocas vías viables para acelerar el desarrollo del país.
No se trata de entregar el país a nadie. Se trata de dejar de administrarlo mal. Un gobierno fuerte no es el que concentra todas las funciones, sino el que sabe coordinar, regular y aprovechar la capacidad de quienes sí pueden ejecutar con eficiencia.
Si queremos carreteras de primer nivel, infraestructura moderna y servicios públicos dignos, es indispensable abrir la puerta a esquemas de inversión mixta.
Asociaciones donde los diferentes niveles de gobierno marquen el rumbo, pero donde la ejecución y la eficiencia encuentren en el sector privado un aliado, no un enemigo.
La responsabilidad es clara y tiene nombre: los gobernantes que llevan las riendas de este país, de cada estado y de cada municipio. Ya no hay espacio para excusas.
Si de verdad se quiere servir al pueblo de México, es momento de tomar decisiones valientes y cambiar el rumbo.
La historia reconocerá a quienes se atrevieron a corregir el rumbo.
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