El desorden en la vida de las personas y de las sociedades nace de la insensatez, madre de las demás calamidades.
Pues, qué nos falta para vivir con civilidad, legalidad y orden; cómo lograr que las legítimas presiones sociales no corrompan las decisiones que sólo las autoridades deben tomar con pericia, serenidad y apego a la ley, porque hoy la violencia, el escándalo y el dinero son los mejores (o casi únicos) medios para hacer valer la justicia… o para burlarla.
Lo recién resuelto por la Corte, en favor de una anciana y su hija encarcelada por más de 500 días, demuestra las deformaciones de nuestra justicia, porque el caso fue decidido, de manera inusual y rápida, por el más deleznable de los motivos: ¡el escándalo justiciero!
La lucha de las partes en los tribunales duró años e infelices días, pero la que dieron la mujer presa y sus hijos en los medios de comunicación fertilizó el terreno en el que cayó otro escándalo, ese sí demoledor, que cimbró a la Corte y precipitó el final del caso: ¡la difusión criminal de una plática privada!
Que la referida difusión constituya un delito, y por ello carezca de valor jurídico, a nadie importa; pero “ofendió a la sociedad” constatar que uno de los parlantes (parte en el litigio) había tenido encuentros con el presidente de la Suprema Corte y otros ministros, no obstante estar claramente legitimado para ello. Hoy en día “la opinión pública” y los medios de comunicación absuelven y condenan basados en lo que se divulga, sin conocer las constancias que integren los expedientes, ni las leyes aplicables; por eso con frecuencia son injustos.
Para los funcionarios probos y capaces involucrados en procurar e impartir justicia es insuperable el desafío que enfrentan porque están rodeados de la corrupción rampante (a la que mucho abonan los litigantes sinvergüenzas), de carencias de toda índole, y del cúmulo de asuntos que deben resolver. Es humanamente imposible que cumplan eficaz y eficientemente con tan noble tarea mientras los aplaste esa añeja realidad.
Lo anterior explica (pero no justifica) que el caso en comento lo haya acelerado y resuelto la Suprema Corte atendiendo a la presión mediática. Eso se colige de los agradecimientos de la señora liberada y de sus hijos, y lo corrobora el mismísimo ministro presidente, quien textualmente dijo: “Si no hubiera atraído la Corte estos asuntos, hubieran naufragado por años en los tribunales locales y federales… Los atrajo por las peculiaridades políticas y mediáticas que tenían estos asuntos”.
Aquí no vale el “hubieran naufragado”, pues esos litigios SÍ naufragaron por siete años, para tragedia de una familia; y decidirlos con rapidez por sus “peculiaridades políticas y mediáticas” resulta desolador para miles de náufragos y sus familias que siguen sufriendo lo indecible.
Diego Fernández de Cevallos
