La semana pasada argumenté en este espacio que la infraestructura y el ahorro de largo plazo conforman un ecosistema eficiente cuando existe claridad estratégica y proyectos capaces de absorber capital institucional. Esa idea vuelve a ser central ahora que México comienza a ordenar una agenda de inversión con mayor estructura, mejor priorización y un enfoque explícito en productividad. El elemento decisivo es elevar la formación bruta de capital fijo para sostener el crecimiento potencial en un entorno global menos favorable.
Desde ahí, me parece, debe entenderse la reunión del 24 de noviembre entre la presidenta Claudia Sheinbaum, Carlos Slim y Francisco Cervantes. Más que un intercambio protocolario, el encuentro confirmó un diagnóstico común para el periodo 2025–2026: la inversión pública y privada deben crecer de manera coordinada para reducir costos logísticos, detonar integración regional y cerrar brechas de infraestructura que limitan la competitividad. Sin esa base física, cualquier expansión del PIB terminará quedándose corta.
La interlocución con el sector financiero avanzó en la misma dirección. Se abordaron elementos relevantes para la bancabilidad de los proyectos: calidad de la ingeniería, consistencia de los flujos esperados, asignación adecuada de riesgos y mecanismos de garantía que permitan atraer financiamiento de mayor plazo. Es precisamente el punto que subrayé la semana pasada: los fondos de pensiones requieren proyectos predecibles, con horizontes largos y estructuras que reduzcan volatilidad.
Slim aportó una referencia macroeconómica que opera como brújula: elevar la inversión de 22.6 a 25 por ciento del PIB durante una década permitiría que el ingreso per cápita supere los 20 mil dólares. El cálculo se sustenta en modelos de crecimiento donde la acumulación de capital potencia la productividad total de los factores.
El primer informe presidencial apuntó ya hacia esa ruta con 180 mil millones de pesos destinados al Sistema Nacional de Trenes de Pasajeros, desde el Interoceánico hasta las nuevas rutas hacia Pachuca y Querétaro. La participación privada en el tramo Saltillo–Nuevo Laredo confirma que algunos proyectos empiezan a adquirir continuidad intersexenal, requisito indispensable para atraer capital institucional.
Por su parte, el Plan México establece metas cuantificables: rebasar 25 por ciento del PIB de inversión en 2026 y acercarse a 28 por ciento en 2030. Hoy se registran 162 obras públicas relevantes, más de 260 mil empleos asociados a la estrategia de infraestructura y 811 mil millones de pesos orientados a energía, agua, movilidad y logística. Paralelamente, los 15 polos de bienestar concentran compromisos privados cercanos a 270 mil millones de dólares, lo que ilustra la magnitud del esfuerzo de capital requerido.
Alfa positivo. Cepal reportó una reducción de 3.1 por ciento en la pobreza durante 2025, impulsada por incrementos al salario mínimo y transferencias focalizadas, recordatorio de que la política social también incide en la calidad futura de la inversión.
