el hecho de que Tamaulipas haya sido el último estado en aprobar las bodas gay habla del tamaño de la resistencia que había hacia el tema.
Ahora sigue la despenalización del aborto; y no es que al señalarlo urja yo a los diputados locales o promueva la práctica, de ninguna manera.
Solo se hace ver que es otro de los temas que, estemos o no de acuerdo, representa otra de las garantías reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se tendrá que legislar en la entidad tarde o temprano.
Por las características del estado, estudios y encuestas que se han llevado a cabo, es fácil suponer que la mayor parte de la población no simpatiza ni con un tema ni con el otro; sin embargo, se trata de derechos que se deben reconocer.
Tan respetable es la opinión de quienes están a favor como en contra pero aunque estos últimos puedan ser mayoría, las minorías también tienen derechos qué hacer valer y protegerse.
Y estos no pueden ser materia de una consulta pública como algunos legisladores ignorantes de la ley pretendían manejarlo.
En días pasados circularon invitaciones para hacer oración a fin de que el Congreso de Tamaulipas no avalara los matrimonios igualitarios, lo que no pocos llamaron “una crítica situación”.
Expresiones que rayaban en la intolerancia hacia las personas con preferencias sexuales distintas se escucharon y leyeron por doquier, llamando poderosamente la atención que en estos tiempos prevalezca una marcada homofobia.
La Legislatura tamaulipeca tiene ahora el reto del tema del aborto, más espinoso aún que el de los matrimonios igualitarios pero donde tampoco hay mucho por hacer, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó que es inconstitucional criminalizar la interrupción del embarazo y se ha pronunciado por garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.
Tamaulipas es uno de los estados cuya ley establece más años de prisión por el delito de aborto; sin embargo, en las cárceles de la entidad no hay mujeres recluidas por ello.
Es inminente su despenalización en el estado, un signo de los nuevos tiempos que amplía las libertades individuales, aún cuando algunos tratadistas estimen que el producto desde su concepción también debe estar protegido por las leyes. _
