Las contralorías municipales han disfrutado de una cómoda invisibilidad. Cuando estalla un escándalo, las críticas se concentran en alcaldes y tesoreros. Los contralores rara vez aparecen en la fotografía. Sin embargo, las miles de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la fiscalización de la cuenta pública 2024 obligan a preguntar: ¿dónde estaban quienes tenían la obligación de vigilar?
La función de una contraloría no es llenar formatos ni asistir a reuniones. Su trabajo consiste en detectar irregularidades, investigarlas y sancionarlas antes de que se conviertan en un problema mayor. Pero en demasiados municipios ocurrió exactamente lo contrario. Las faltas administrativas se normalizaron. Los errores se repitieron. Los expedientes se empolvaron. Y muchos órganos internos de control optaron por la ruta más cómoda, hacerse de la vista gorda.
No todas las observaciones implican corrupción ni desvíos de recursos, pero sí reflejan una cultura administrativa donde las reglas dejaron de ser una prioridad. Y cuando nadie corrige las faltas pequeñas, tarde o temprano aparecen las grandes.
Por eso el mensaje del auditor Francisco Noriega Orozco tiene una profundidad política mayor de la que parece. La ASE ya no está señalando únicamente a quienes ejercen el gasto; está poniendo la mirada sobre quienes debían supervisarlo. En otras palabras, la pregunta ya no será solamente qué hizo mal un alcalde, sino qué hizo -o dejó de hacer- su contralor para impedirlo.
Y aquí está el verdadero riesgo para los ayuntamientos. Una observación administrativa ignorada puede escalar. Lo que comienza como una falta no grave puede derivar en una falta grave, un daño patrimonial, una denuncia ante el Tribunal de Justicia Administrativa o incluso una investigación penal ante la Fiscalía Anticorrupción si aparecen elementos que acrediten un quebranto al erario.
Las contralorías son vistas como espacios de acomodo político para amigos, recomendados o funcionarios sin perfil técnico. La factura está llegando. Hay ineficacia y puede haber consecuencias jurídicas. Los contralores ya no podrán esconderse detrás del escritorio.
Han sido muchos años de relajamiento. Y lejos de ser vigilantes, son parte del problema.
