Apenas 39 días después de la elección del 5 de junio el INE aprobó los hallazgos de la fiscalización a las campañas de los 8 mil 271 candidatos que participaron en las contiendas de 14 entidades federativas. Esa revisión produjo 41 mil hojas de dictámenes y resoluciones.
Este ejercicio, que solo se hace en México, es posible por una unidad especializada en trabajo de gabinete y campo, y porque existe una herramienta eficaz aunque siempre perfectible: el Sistema Integral de Fiscalización (SIF). Hace solo dos años el SIF era un proyecto, una buena idea; hoy es una realidad. En él se han cargado 122 mil pólizas, solo en estas campañas, con otros tantos cientos de miles de movimientos y operaciones. No hay país en el mundo que tenga esta infraestructura al servicio de la rendición de cuentas de los actores políticos y de la transparencia.
Al arranque de las campañas debió iniciar también la carga de operaciones en el Sistema. Pero como se documentó de forma sistemática, incluso ya a nueve días de que acabaran las campañas, 52% de los candidatos no había presentado una sola evidencia de ingreso o gasto. Al cierre del plazo legal, el 4 de junio, se cerró la carga del SIF con 91 mil 184 operaciones reportadas. De esas, en la semana final se cargó 63% de todas las reportadas durante la campaña. Los candidatos que presentaron información pasaron de 48% una semana antes de terminada la campaña a 95% al cierre de la misma. Así que los candidatos cumplieron, pero 47%, la mitad de ellos, lo hicieron al límite del plazo, in extremis.
Más aún, en la respuesta al oficio de errores y omisiones, entre el 15 y el 19 de junio, los sujetos obligados cargaron 31 mil 754 operaciones más, un 31% adicional. Llegamos así a un gran total de 122 mil 938 operaciones.
Desde la Comisión de Fiscalización del INE se advirtió que el retraso en la carga de operaciones en el SIF conspiraba contra la mejor fiscalización. Se dijo que esa conducta es considerada falta de fondo en nuestro reglamento, y que habría sanciones. Quien avisa no traiciona: el INE sanciona el retraso de más de tres días con 5%, el que supera el corte del mes con 15%. Y si el sujeto obligado se esperó hasta ser observado y requerido por la autoridad en errores y omisiones para dar cuenta de algún ingreso o gasto, la sanción es de 30% del monto involucrado. La dilación en la rendición oportuna de cuentas alcanza sanciones por 112 millones y medio de pesos.
Es una sanción fuerte, pero correspondiente a la falta. Es un castigo que pretende inhibir la rendición de cuentas tardía. Esta conducta generalizada de partidos y candidatos no puede repetirse en 2018, cuando se juegue la Presidencia, el Congreso y 29 comicios locales.
El monto de infracciones, que supera los 420 millones de pesos, se explica en buena medida por gasto no reportado: 113 millones de sanciones son por eso, 27% del total, porque se ocultaron recursos usados en el proselitismo. Si se quiere una muestra de una autoridad no condescendiente, ahí la tienen: el INE no se conformó con los dichos de los actores, sino que en trabajo de campo, recabando información, pateando calles, carreteras y plazas documentó evidencias de gasto en bienes y servicios, y cruzando información con terceros ubicó operaciones que partidos y candidatos le ocultaron.
Llamo la atención sobre un tema relativamente nuevo: el gasto en redes sociales. La tecnología ha cambiado la comunicación humana y los mensajes en las campañas políticas no son la excepción. Para la autoridad electoral ahí está uno de los desafíos mayores para fiscalizar bien: encontrar rastro de gasto, probarlo y cuantificarlo en un comercio que es global, instantáneo y digital. Pues bien, este ejercicio de fiscalización de 2016 es pionero en sancionar contratación no reportada en Facebook. Hay que agradecer que esa plataforma, esa compañía, haya proporcionado al INE información detallada de lo que le pagaron una centena de candidatos por potenciar los mensajes de sus muros. Hablamos de millón 331 mil dólares, unos 24 millones de pesos.
Bienvenida sea la comunicación electrónica, las campañas digitales y el gasto en esos novedosos medios. Pero que sea sobre la mesa, a la luz del día, sin opacidad y sin ocultar gasto. Esas erogaciones, cuando no fueron reportadas, se sancionan como gasto no informado: con 150% del monto involucrado.
Ahora bien, más allá de las sanciones, hay mucha información, la mayoría, suficientemente documentada y respaldada, que fue reportada por partidos y candidatos. Ellos cargaron al SIF operaciones de ingresos por mil 500 millones de pesos, y gastos por mil 512 millones. Así, hay un flujo sumado de ingresos y egresos por 3 mil 012 millones de pesos que fueron operados y reportados por los actores políticos. Aunque vaya a contracorriente del discurso antipolítica, o precisamente por ello, hay que subrayarlo: los partidos dijeron con claridad de dónde obtuvieron mil 500 millones y dónde y cómo los gastaron. Esa es su obligación de fondo en materia de fiscalización y la cumplieron.
De los mil 500 millones de ingresos de los partidos y candidatos reportados en el SIF, mil 297 millones son de origen público. Esto es, 86% de los recursos de las campañas corresponden al financiamiento público. Los partidos no requieren, en lo fundamental, como ocurre en otras naciones no lejanas, de dinero de grandes donantes, de grandes grupos de poder económico, para subsistir y para llegar al electorado. 203 millones, 14 por ciento, son de origen privado: 57 millones de aportaciones de los propios candidatos, 129 millones de decenas de miles de simpatizantes y 13 millones de militantes y 4 millones de autofinanciamiento.
La fiscalización no tiene como fin dañar a los partidos o a los candidatos, pues sin ellos no hay democracia posible. Pero la fiscalización sí es una herramienta para buscar una democracia menos frágil, que suscite menos desconfianza y recelo. La fiscalización electoral no es tampoco la cura mágica frente a todos los males de la democracia: es un instrumento indispensable, pero acotado a la contienda política.
Para los partidos y candidatos la fiscalización tampoco puede ser vista como la ventanilla para, en automático, solicitar una segunda ronda de elecciones cuando las urnas no dan el triunfo.
Hemos avanzado en un modelo de fiscalización exigente, expansivo y expedito. No es una obra terminada.
La política requiere dinero, pero que ese dinero debe estar regulado, limitado y vigilado. El pasado 5 de junio más de 16 y medio millones de electores salieron a las urnas. Ellos dieron triunfos imprevistos, propinaron derrotas impensables, redistribuyeron en libertad el poder y demostraron que en México el voto cuenta y que pesa más que el dinero.
