“Ocupo una nube lloviendo siete horas” ha sido una de las frases más virales dichas por el gobernador Samuel García durante la crisis de sequía en su estado y el norte del país cuando explicaba cómo el bombardeo de nubes con yoduro de plata que se ha hecho con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana, podría detonar lluvias suficientes para mitigar las necesidades de Nuevo León al menos por unos días, sin embargo el panorama sigue siendo adverso.
Es comprensible que la fuerte intensidad de la sequía, que sin lugar a dudas es una muestra de los efectos del cambio climático, y el cada vez más castigado acceso al agua por parte de la población, estén haciendo que se pongan en marcha medidas de emergencia como la de bombardear las nubes, u otras que han incluido que las industrias anuncien donaciones de parte de sus volúmenes de agua, estas de carácter voluntario ya que no hay ningún instrumento legal que las obligue aún en emergencias de este tipo. Sin embargo, por ser de emergencia, estas decisiones no resuelven el fondo del problema.
También se presentó el Plan Maestro para garantizar el agua en Nuevo León hasta el 2050, el cual desafortunadamente carece de la imprescindible perspectiva ambiental que debería estar en toda política pública de largo plazo que tenga por objetivo lograr la disponibilidad de agua para las personas.
Los pozos a mayor profundidad que anuncia el plan e incluso los grandes trasvases para importar agua desde otras regiones de los que se ha hablado, pueden resolver los problemas en la inmediatez, pero si queremos lograr verdaderas condiciones de sustentabilidad y disponibilidad del agua, se tendría que estar hablando inexorablemente del medio ambiente, de su interacción con el entorno urbano y de la mitigación y adaptación al cambio climático.
Por eso desde Greenpeace entregamos al gobernador una propuesta de Agenda Agua y Clima para Nuevo León, con la que esperamos se comprometa, y en la que señalamos ejes estratégicos fundamentales que su gobierno debería integrar en sus políticas de largo alcance y que podrían ser también el inicio de una transformación socio ambiental para Nuevo León bajo un enfoque de cuenca y de derechos humanos.
Eso incluye implementar medidas concretas en aspectos como la regeneración y conservación de ecosistemas, la definición de zonas prioritarias de protección de suelos de infiltración pluvial, la reparación de la red de agua y drenaje para disminuir el fuerte desperdicio por fugas, eficientar el consumo de agua en viviendas e industrias, un aumento en el reúso y tratamiento de aguas residuales, tecnologías de captación y gestión de agua pluvial, así como replantear la planeación del crecimiento urbano que notoriamente está disminuyendo la posibilidad de recargar los acuíferos de los que se abastece la población.
Con eso no queremos decir que esa sea la receta definitiva, pero podría ser un muy buen punto de partida para dar inicio a un proceso de colaboración y participación pública en el que se escuche la voz de especialistas en medio ambiente, agua y cambio climático, así como las propuestas de la propia ciudadanía neoleonesa que sumen a la discusión para plantear acciones muy concretas a implementar tanto en la inmediatez como en el mediano y largo plazo.
Hasta ese punto, Samuel García tiene el poder y la competencia legal de hacer cambios que permitan lograr una nueva realidad ambiental y climática para su estado que sea favorable para aumentar las posibilidades de mejorar el ciclo del agua, así como de comenzar un trabajo que encarrile a convertir a Nuevo León en un estado que muestre un verdadero compromiso en la lucha contra la emergencia climática.
Vale la pena señalar que las exigencias que han aumentado y nutrido el debate público nacional respecto al famoso “agandalle” de parte de las grandes industrias que tienen concesiones de agua, es un tema que en realidad compete al gobierno federal, especialmente a la Comisión Nacional del Agua. En ese sentido, también vale la pena cuestionar si esos grandes volúmenes concesionados siguen siendo pertinentes en un escenario de crisis climática y baja disponibilidad de agua para la población, y también cómo México podría obtener mejores beneficios económicos que permitan optimizar los sistemas de agua potable. Innegablemente se trata también de un asunto de justicia.
Tenemos el punto pendiente y muy urgente de contar con una nueva Ley General de Aguas para todo el país que priorice a las personas por encima de las industrias y que garantice derecho humano al agua potable, en lo cual también estaremos insistiendo y explicando más detalles. Mientras tanto, esperamos que el gobernador Samuel García se comprometa con lo que sí le toca cambiar.
*Carlos Samayoa es Coordinador de Ciudades Sustentables en Greenpeace México
