La petición de detención provisional con fines de extradición pedida por la fiscalía estadunidense contra el exgobernador de Sinaloa y sus presuntos cómplices ha resultado en un embrollo que el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha preferido combatir con retórica en lugar de operación política y diplomática que pudiera tener un resultado distinto.
Excepto el gobernador, vigilado o “protegido” —en la versión de la Presidenta— por fuerzas federales, los demás acusados parecen andar sueltos y, por lo tanto, tomando sus propias decisiones, lo cual, como vimos en los últimos días, no es lo mejor para el proceso anunciado ni, mucho menos, para la imagen del gobierno federal.
Y luego está la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, protegida de Rocha Moya, que con tal de defender a su mentor, después de que el exsecretario de Seguridad se entregara a las autoridades estadunidenses, dijo a la prensa: “hay que aclarar que el general Mérida no fue una decisión del gobernador con licencia, sino una decisión de la propia Sedena, que lo envía a Sinaloa como secretario de Seguridad Pública del estado”.
No me ayudes, comadre, deben haber pensado en la Presidencia y particularmente en la Secretaría de la Defensa Nacional. No porque lo dicho por la hoy gobernadora sea falso. De hecho, desde hace unos años, en la mayoría de los estados de la República, los secretarios de Seguridad han sido recomendados por el Gabinete de Seguridad —pero siempre aprobados por el gobernador—; algunos militares, otros cercanos a los secretarios de Seguridad federal. La declaración de Bonilla, en este momento, no hace más que complicar las cosas con tal de proteger narrativamente a Rocha Moya.
Después de todo, como lo dijo el mismo Rocha Moya, fue él quien pidió que Mérida dejara su puesto en el estado pocos meses después del secuestro de Mayo Zambada y la explosión de la violencia.
La movida de Mérida provoca una fisura profunda en la incomprensible protección política del gobierno federal en el caso de Rocha Moya y sus compañeros indiciados.