Baja California está en problemas.
El miércoles pasado, una de las oficinas de la fiscalía estatal fue atacada con explosivos lanzados con drones. Es el tercero contra instalaciones de la fiscalía en el último mes. Entre el 20 y el 21 de septiembre, el Ministerio Público recibió ataques en Ensenada y Tijuana, donde varias personas armadas incendiaron algunos vehículos —no informaron del número concreto—. En esos días, la fiscal del estado tildó el ataque de “cobarde” y afirmó que la dependencia detuvo a tres personas, pero sin concretar en qué lugar.
Las últimas semanas se han encontrado varios mensajes del crimen organizado anunciando más violencia. El estado parece estar siendo disputado por grupos delictivos.
La industria de la pesca en Ensenada está totalmente tomada por la delincuencia. Ellos compran a los pescadores, distribuyen, venden, con extorsión y derecho de piso. Sobran los testimonios y reportajes en el último año que describen métodos y patrones de violencia.
El año pasado Minerva Pérez, la presidenta de Canainpesca en la entidad, reclamó la urgencia de que el gobierno federal y el estatal endurecieran la vigilancia por mar y tierra, así como castigar a las bandas dedicadas a la extracción, distribución y comercialización de productos marinos considerados ilegales. Unos días después de eso fue asesinada. Nada sabemos de los autores de aquel crimen. Otros empresarios del ramo han sido asesinados desde entonces. Todos tienen miedo.
A la criminalidad hay que sumar lo económico. La incertidumbre frente a Trump y los aranceles y la revisión del T-MEC han afectado seriamente a la región.
Hace unos días Víctor Gabriel González Mendívil, presidente de la Comice (Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción del Estado), dijo que 20 por ciento de las empresas afiliadas está parado por la baja en inversiones privada y pública que se vive en Baja California. “Está muy golpeado el sector, ha habido unas pausas importantes en las inversiones industriales y eso en cadena nos ha ido afectando a todos”.
La primera semana de octubre, Alejandro Gertz Manero informó que tres personas han sido detenidas por el decomiso, en marzo, de 8 millones de litros de huachicol en Ensenada. Pero nada más se sabe de los verdaderos responsables.
Mientras tanto, la gobernadora anda apurada divorciándose, por aquello de la visa y las sospechas sobre su marido. No, los problemas en Baja California aumentan y no tiene que ver con ese asunto personal.
