Se sabe que en estos tiempos hay una mayoría conservadora en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y que probablemente serán más los que voten por las productoras de armas, pero también es cierto que si el caso llegó a la Corte Suprema es porque un tribunal de distrito de manera unánime le dio la razón a México y por eso apelaron las armadas.
El martes los ministros hicieron preguntas a ambas partes y para ninguna fueron preguntas sencillas.
El argumento mexicano estuvo bien resumido por la abogada Catherine E. Stetson en un momento de la audiencia: “Las armadas proveyeron deliberadamente al ilegal mercado mexicano mediante la venta de armas a través de un pequeño número de distribuidores que, ellos saben, venden una gran cantidad de número de armas de fuego para el crimen y que venden repetidamente ya granel a los traficantes de los cárteles.
“A continuación, como dijo la Corte en Twitter (el caso cuando la plataforma fue utilizada por ISIS para un acto criminal se menciona como antecedente), un 'cómplice' es responsable de los daños que son un riesgo previsible de esa violación a la ley. Ese encuadre, el riesgo previsible, es la cuestión. Como lo expresó este tribunal en el caso Bank of America, ¿el daño alegado tiene una conexión suficientemente estrecha con la conducta que la ley prohíbe? La respuesta es sí. Las leyes. Las que aquí se han roto, están diseñadas para mantener las armas fuera de las manos de los criminales”.
El argumento de Noel Francisco, el abogado de los productores de armas, es que sus clientes no tienen responsabilidad sobre dónde terminan esas armas: “Todo comienza con un fabricante que el gobierno federal dice que está permitido. A continuación, vende su producto legal a distribuidores autorizados por el gobierno federal. Luego venden a minoristas que, según el gobierno federal, están autorizados a vender. Esos minoristas, un porcentaje muy pequeño de ellos, transfieren esas armas de fuego ilegalmente a compradores ficticios. Y luego tienes un contrabando a través de una frontera internacional, otra violación de la ley. Luego, presumiblemente, el contrabandista se la da a los cárteles que poseen ilegalmente el arma de fuego en México bajo la ley mexicana”.
No hay un solo caso en la historia —argumenta— en el que se considera a un fabricante responsable del uso indebido y delictivo ilegal de sus productos.
Esos dos son los argumentos. Y a juzgar por las preguntas de los ministros, no tienen nada decidido aún. No estaría mal que hicieran algo al respecto.
