El amor, la pasión, el esfuerzo para tener en prisión a todo mundo, más allá de su inocencia o culpabilidad, será una de las más tristes herencias de este sexenio y en general del movimiento que se dice a sí mismo la cuarta transformación.
Todo el gabinete ha seguido a pie juntillas la lógica del presidente Andrés Manuel López Obrador que la justicia tiene que ver con tener gente en la cárcel sin importar las pruebas en un juicio. Su guerra contra el Poder Judicial, recientemente centrada en sus declaraciones sobre la Suprema Corte, es más antigua. Viene de esta idea que si el gobierno detiene a alguien, pues ya estuvo, es culpable. En el camino se ha tirado a la basura el concepto constitucional de la presunción de inocencia. Los jueces, los juicios, las pruebas no importan.
Las tasas de ocupación en centros penitenciarios estatales están rebasadas y por encima de cómo estaba en 2017 y, aunque hay espacios en los centros penitenciarios federales, la tasa también se ha elevado en los últimos seis años (datos del Inegi). Lo dicho, a este gobierno que se dice de izquierda le encanta meter gente a la cárcel y lo vende como “justicia”.
Mal haríamos en poner toda la responsabilidad de esto en el gobierno actual, pero los anteriores, por lo menos, no lo construyeron como narrativa de éxito. Lo que sí hicieron todos fue no invertir ni política ni económicamente en ministerios públicos, que investiguen y armen casos que después no sean echados a la basura en tribunales.
Lo que hemos visto en estos cinco años no es el mejoramiento de ese sistema sino al revés, el aumento de la prisión preventiva, los arrestos por delitos que luego nunca se pueden probar y decir que eso es justicia. Una vergüenza para este movimiento que se dice —solo eso, se dice— defensor de los derechos humanos y la justicia. Para muestra, un botón más.
Un juez le dio prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam la semana pasada. No se le ha juzgado, ni vale la pena meterse a los detalles de la acusación. Es prisión, sí: prisión ahora domiciliaria para un hombre enfermo que, de hecho, ha pasado más tiempo en el hospital que en la cárcel desde su detención.
¿Y qué dice el gobierno? Además, a través de la supuesta comisión para la verdad, “que esta condenable decisión manda un mensaje que podría avanzar hacia la impunidad”. No entienden nada. O, peor, confiesan. Porque donde alguien pase su proceso no tiene que ver con su inocencia o culpabilidad. Esa la decide un juez.
Una tristeza.
