Este fin de semana se cumplió un año de que la joven Debanhi Escobar desapareció una noche en Nuevo León.
Después de muchos días de búsquedas, cateos, supuestas revisiones de cámaras de seguridad, interrogatorios y otras diligencias, hasta el 21 de abril del año pasado, el cuerpo de Debanhi fue encontrado en un lugar que —dijeron— habían revisado varias veces. Una cisterna del motel Nueva Castilla.
Desde ahí se han hecho tres estudios forenses del cuerpo de la joven estudiante, todos con diferentes resultados. El caso ha pasado de la fiscalía estatal a la Fiscalía General de la República; en el camino, investigadores y fiscales han renunciado, hay un par de detenciones pero por motivos diferentes a la desaparición y muerte de Debanhi.
Lo único claro es que hoy, a un año de la desaparición, no sabemos qué pasó aquella noche ni por qué Debanhi terminó en aquella cisterna y, por lo tanto, no hay caso legal alguno contra algún responsable, si es que lo hubiera.
El caso Debanhi, como lo sabemos, es uno de tantos, de muchos. Y lo que muestra es un estado de procuración de justicia en ruinas. De la mayoría de las fiscalías e investigación estatales y, por supuesto, de la federal.
Este desastre no es nuevo, por supuesto, pero cada vez parece estar peor y no es accidental.
El dinero y el empuje político público de la actual administración en términos de seguridad ha estado en la Guardia Nacional y las fuerzas armadas ocupando las calles a costa de policías y agencias de investigación locales. La relación de las nuevas fuerzas del orden con los ministerios públicos es —seré generoso—complicada, porque los militares o ex militares, como son la GN, primero actúan y luego averiguan. Al mismo tiempo, la vocación punitivista de la 4T ha hecho muy sencillo meter a la cárcel a quien se les pegue la gana con la ampliación de la prisión preventiva oficiosa más allá de culpabilidades o investigaciones. Buena parte de los detenidos salen inocentes o con procesos que se derrumban, pero eso a este régimen le tiene sin cuidado. Los ministerios públicos y sus agencias de investigación son cada vez más abandonadas y apenas se les utiliza para alguna acción que tiene más que ver con revanchas o ataques políticos que con la justicia.
Y así, un año después, no sabemos nada. Como en tantos y tantos casos. Una tragedia sobre otra.
