La organización Data Cívica ha venido haciendo un ejercicio más que interesante que quiere entender de mejor manera la violencia criminal electoral en el país. Originalmente diseñado para observar la violencia durante y después de las campañas, ahora los datos recopilados y ordenados sirven también para otros análisis que, de ser ocupados por quienes gobiernan y definen estrategias de seguridad, serviría para al menos ver qué territorios están en disputa en el país.
Lo que hacen en Data Cívica es seguir los ataques y asesinatos a funcionarios, ex funcionarios, candidatos o ex candidatos, síndicos, regidores y personas relevantes en partidos políticos.
Y más allá de las elecciones hoy puede ser una guía de dónde se están disputando territorios. Como lo explica el último reporte: “Durante el mes de junio de 2022, la mayoría de estos ataques fueron letales, principalmente dirigidos contra miembros de las fuerzas de seguridad y justicia. El recuento no se refiere a muertes en combate de las fuerzas del orden, sino a decesos ocurridos como resultado de ataques directos. Los ataques contra directores de desarrollo económico, obras públicas, síndicos y regidores identificados durante el mes pasado reiteran el interés de los grupos criminales en controlar la actividad económica local”.
Comparando la violencia del mes de junio con el mes anterior, “notamos un incremento de 45.71% de hechos violentos. Asimismo, si comparamos este mes con el mismo mes del año anterior, notamos que existe un incremento de 45.71%”.
Algo está pasando. Las agresiones se siguen concentrando en las regiones del Bajío y Sureste. “En lo que refiere a los estados que recientemente tuvieron procesos electorales, solo Quintana Roo experimentó un par de ataques”. Los ataques no tienen preferencia partidista, sino que “su interés subyace en la construcción de controles territoriales”.
En junio pasado los estados afectados por esta violencia fueron: Veracruz, Morelos, Hidalgo, Chiapas, Colima, Oaxaca, Guanajuato, Estado de México, Quintana Roo, Zacatecas, Guerrero, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Sonora, Nuevo León, Baja California, San Luis Potosí.
Sí, más de la mitad del país. Estos datos se unen a otros que señalan claramente que hoy la lucha es por el control de territorios para múltiples actividades ilegales. Esto ya no es solo narco.
Y, por lo tanto, la estrategia, cualquiera que ésta sea, tendría que empezar por ahí. Los datos aquí: https://votar-entre-balas.datacivica.org/.
@puigcarlos
