Veracruz es hoy el más claro ejemplo de que PRI y PAN son las dos caras de la misma moneda de la corrupción, inseguridad e ineptitud, que asola a este país y a la que desde la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), presidida por Carlos Gidi Blanchet y de la cual soy consejero jurídico, hemos decidido combatir con las herramientas del derecho, la democracia y la razón.
Resulta vergonzoso que en sus primeros ocho meses de gestión, el neopanista Miguel Ángel Yunes tenga mayores índices delictivos en homicidios, secuestros y robos de autos, que los gobernadores priistas Fidel Herrera y Javier Duarte, en el mismo periodo (ver Y con Yunes la violencia empeora, de Noé Zavaleta, Revista Proceso, número 2132, 9 de septiembre de 2017, pp. 31 a 33).
La tasa de homicidios es de 7 por día, para un total de mil 696, de los cuales tres cuartas partes han sido ejecuciones del crimen organizado. La de secuestros es de 1 cada 2 días para un total de 121, y la de robo de vehículos con violencia es de 7.78 por día, para un total de mil 869, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que cubren de diciembre de 2016 a julio de 2017.
Con Duarte, en el mismo lapso se reportaron mil 128 homicidios, 33 secuestros y mil 98 robos de vehículos con violencia, mientras que con Herrera fueron 886 homicidios, 6 secuestros y 152 robos de vehículos con violencia.
Durante su campaña, Yunes se dio de plazo un semestre para apaciguar la entidad. Ya pasaron ocho meses y la espiral de violencia continúa en aumento. El panista no puede echarle la culpa al gobierno federal, pues éste ha atendido todas sus peticiones de apoyo, enviando a la Gendarmería Nacional, así como asignando más policías federales, marinos y soldados.
Ante los nulos resultados, ahora Yunes ha pedido mayor presupuesto, dizque para fortalecer las policías municipales, no obstante que la violencia es generada por múltiples organizaciones criminales del alta peligrosidad, como los Zetas, el cartel Jalisco Nueva Generación, los Ántrax, el cartel del Golfo y otros, que se disputan las plazas a sangre y fuego, con la complacencia y a veces la complicidad de quienes deberían combatirlos.
Lo que las autoridades no han señalado, es que estas organizaciones operan una compleja red de corrupción, que se ha adentrado en las estructuras del poder de todo el estado y que por lo tanto, se presume, habrá de influir en las elecciones del siguiente año, mediante el flujo de recursos ilícitos, la intimidación de actores políticos independientes y la provocación de miedo generalizado en los electores.
A lo anterior, cabe agregar la impunidad que ronda los diversos crímenes contra periodistas y la libertad de expresión en el estado, cuya investigación ministerial sigue rodeada de deficiencias y ausencia total de voluntad política, para dar con los verdaderos responsables. Todo ello agravado por la reiterada opacidad y el futurismo salvaje de esta administración, que se apresta a ofrecer Veracruz como botín político en la cruzada nacional de sus pares para derrotar a López Obrador.
En resumen, Veracruz sigue siendo un estado fallido, quebrado y sumido en la peor inseguridad de su historia. Y ante eso, el gobernador y su heredero prefieren negar la realidad y publicitar supuestos logros. Dice que Veracruz ha cambiado, pero la mejor opinión la tiene el pueblo veracruzano y para éste, para las personas que no gozan de escoltas ni viajan en vehículos blindados, las cosas van peor que antes, pues al menos Duarte nunca tuvo la desfachatez de pretender imponer a su esposa como gobernadora para tapar sus fechorías, actitudes viciosamente monárquicas que tanto agradan a los conservadores panistas desde los tiempos de Maximiliano. Lo digo sin acritud, ¡pero lo digo!
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