Mientras el Mundial de Futbol 2026 está cada vez más cerca, Guadalajara está todavía muy lejos de resolver sus problemas de movilidad, especialmente el que ocurre en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo.
Pese a los intentos del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) por aumentar el número de taxis para atender la demanda de miles de pasajeros que diariamente pasan por la terminal, el panorama sigue siendo el mismo:
Largas filas de personas que aguardan un “auto oficial” que los lleve a su destino; decenas de unidades “piratas” que ofrecen el servicio de plataforma sin serlo, en complicidad con la Guardia Nacional; una cacería contra choferes de Uber, Didi y otras aplicaciones, para extorsionarlos por atreverse a levantar pasaje al tratarse de una “zona federal”.
También tiene lugar un lucrativo negocio de elementos de la Guardia Nacional que reciben semanalmente cuotas de grupos de operadores de plataformas que pagan entre 4 y 5 mil pesos cada 7 días para poder trabajar en las inmediaciones del aeropuerto y que cuentan con claves y chats cerrados para recibir orientaciones.
Y episodios de extorsiones que involucran a despachos de abogados que ofrecen sus oficios a choferes de Uber para conseguir la liberación rápida de vehículos asegurados por la autoridad, pasándole la factura a la compañía que debe cubrir multas de más de 50 mil pesos.
Este panorama es el que rodea al aeropuerto tapatío a poco más de tres meses de que inicie el Mundial y reciba decenas de miles de visitantes que exigirán una movilidad efectiva, por lo menos, a la altura de los otros países sedes.
En Estados Unidos y Canadá, los servicios de transporte por aplicación, incluyendo Uber, están plenamente integrados en la movilidad de los aeropuertos, donde los pasajeros pueden solicitar viajes desde las terminales aéreas en la mayoría de las principales ciudades sin restricciones especiales, con zonas de espera asignadas para autos particulares bajo demanda.
En Canadá, ciudades sede de partidos como Toronto y Vancouver ya cuentan con infraestructura clara para ride-hailing (transporte privado) dentro de sus aeropuertos, lo que permite a los usuarios solicitar un Uber desde las áreas de llegada y encontrar puntos de encuentro señalizados para estos vehículos.
Del mismo modo, en Estados Unidos gran parte de los aeropuertos que recibirán fanáticos del Mundial —como los de Los Ángeles, Dallas–Fort Worth, Atlanta, Miami y Boston— han implementado zonas específicas para aplicaciones de transporte, como parte de su operación regular.
Sin embargo, en México se sigue operando bajo la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, una norma de jurisdicción federal que data de fines de los años 90 y que exige concesiones o permisos para servicios de autotransporte dentro de zonas federales. Aunque tiene casi tres décadas de vigencia, la normatividad no se ha modernizado o actualizado a los nuevos tiempos.
Ante operativos de la Guardia Nacional para imponer sanciones a conductores de Uber que recogían o dejaban pasajeros dentro de las zonas federales de los aeropuertos, la empresa promovió un juicio de amparo para impugnar estas acciones. En octubre de 2025, un juez federal otorgó una suspensión definitiva en favor de Uber que impide que las autoridades detengan o sancionen arbitrariamente a sus conductores por recoger pasajeros en los aeropuertos mientras se resuelve el fondo del asunto.
Pero la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes descartó acatar el amparo porque no implica una autorización oficial para los vehículos de plataforma.
Camino al Mundial, en futuras entregas, revisaremos si el Grupo Aeroportuario del Pacífico tiene elaborado un diagnóstico real del flujo de pasajeros que recibe, el estimado que viene, el tamaño de la oferta que debe tener y las salidas que la autoridad tiene para destrabar el enredo.
Porque si es necesario hacer una crónica hoy, antes de que comience a rodar el balón, el GAP y el gobierno federal ya pierden por goleada.
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