En el tema de las desapariciones y desapariciones forzadas en México, lo que los gobiernos estatal y federal buscan, no es combatir el fenómeno sino, para decirlo con la palabra de moda de un tiempo para acá, “controlar la narrativa”.
Hace unos días la Cuarta Transformación con la presidente Sheinbaum al frente, montó en cólera por la decisión del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de solicitar al secretario general de la ONU que lleve al seno de la asamblea lo que podría constituirse como un “crimen de lesa humanidad” en nuestro país.
Aunque reconoció que muchas desapariciones son cometidas por el crimen organizado, encontraron “indicios” de participación directa de funcionarios públicos por apoyo o aquiescencia (es decir, por omisión o facilitar la comisión de este delito); citaron también las más de 4 mil 500 fosas clandestinas con 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos, además de 72 mil restos de personas sin identificar en los servicios forenses.
El comité busca que la asamblea considere medidas destinadas a apoyar a México en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen. Pese a que la propuesta era ayudar, el gobierno federal y legisladores de la 4T nunca reconocieron el problema y al contrario calificaron de intervencionista la intención y rechazaron el panorama denunciado.
La actitud de cerrazón, llega tan solo unas semanas después de que el mismo gobierno decidiera segmentar la abultada lista de 132 mil desaparecidos en el país, en un descuartizamiento que fue calificado por colectivos de buscadores como un intento más para eludir la crisis y “desaparecer” a los desaparecidos.
Según las cuentas del gobierno, de unos 40 mil no hay datos de búsqueda, ni nombres completos, fecha de desaparición o errores administrativos que enmascararon el caso; pero esto no significa que no hayan desaparecido porque hay miles de familias incompletas.
También refieren una cantidad similar donde aparecen registros de operaciones como trámite de actas u operaciones de compra-venta de las personas, por lo que la autoridad insinúa que ya “no están desaparecidos”; sin embargo, las organizaciones advierten que puede tratarse de algunos casos de delitos de suplantación de identidad.
Y un punto más de las nuevas disposiciones, es que las comisiones de búsqueda locales, no podrán emitir alertas de desapariciones las cuales serán reservadas a las fiscalías mediante carpetas de investigación, apertura de procedimientos que son tortuosos y a cuenta gotas.
Por ejemplo, hace unos cuantos días, a una mujer le negaron en la fiscalía de Jalisco abrir una carpeta porque le dijeron que primero fuera al Servicio Médico Forense a ver si encontraba el cuerpo de su familiar y no hacer el trabajo doble. Pero en servicios forenses, le pidieron la carpeta para poder permitirle revisar los restos para identificación.
Esta tarea además no es simple. Para acudir a identificar a un familiar entre los casi 8 mil restos humanos y mil 300 cuerpos acumulados en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, hay que hacer la revisión de dos meses desde la desaparición. Luego deben hacer fila otro día para ver otros dos meses y así sucesivamente, para luego dar paso a la confronta legal que puede tardar más de seis meses.
Jorge Armando Arana Hernández, desapareció el 27 de enero de 2022. En diciembre de 2024, un colectivo de buscadores encontró una fosa clandestina en un barranco en la colonia Salto Colorado en Zapopan. Una pierna hallada en ese sitio pertenece a Jorge Armando según identificó su madre por un tatuaje.
Ha pasado casi un año y medio del primer hallazgo y aún faltan tres segmentos del cuerpo para poder completarlo y entregarlo a la familia.
Y así como este caso, hay otros restos de fosas que no se han subido al sistema. Pero eso sí, en el sitio estamosbuscando.jalisco.gob.mx ya hay una lista con nombres y fotografía de 376 personas fallecidas sin reclamar, de un universo de más de 9 mil restos almacenados en el Semefo.
