La concesión de servicios públicos ha sido tradicionalmente una especie de juego de ruleta para los gobiernos municipales, ya que la mayoría de las ocasiones resulta más caro el remedio que la enfermedad.
Pero el caso más extremo de relación tormentosa ocurrió en Guadalajara con Caabsa Eagle, que por 30 años fue la responsable de recolección de basura en la capital de Jalisco y que en 2024 recurrió hasta los tribunales para extender su presencia por 15 años más.
El poderoso consorcio operaba como una maquinaria política que sabía ajustarse a los vaivenes partidistas, por lo que comenzó en 1994 con un gobierno emergente de un concejo municipal encabezado por Alberto Mora López y navegó por cinco alcaldes panistas, dos priístas y tres de Movimiento Ciudadano.
A lo largo de tres décadas, Caabsa ofreció cielo, mar y tierra, para transformar las preocupantes condiciones del servicio de limpia en el municipio, pero muchos de estos compromisos plasmados en contratos de concesión, fueron olímpicamente ignorados.
Caabsa, junto a su aliado norteamericano Eagle Waste Management, habían hecho mancuerna en el rescate del enorme basurero ubicado en Santa Fe en la Ciudad de México, para convertirlo en una de las zonas de mayor plusvalía del país donde, por cierto, el grupo tiene sus oficinas centrales y otras inversiones.
En el primer contrato de concesión por 15 años en Guadalajara, la empresa sellaba el compromiso de construir una estación de transferencia “modelo”, lo que no sucedió; en 2005, con la renovación anticipada de la concesión por otro lapso similar, prometía edificar la misma planta y tampoco cumplió.
Sin embargo, al margen de los constantes incumplimientos, el más grave rezago ocurrió con la prestación del servicio de recolección y disposición final de la basura, que fue cayendo en un enorme bache en perjuicio de las más de 400 colonias de la ciudad.
Tan solo en el último año, Caabsa operó apenas a un 30 por ciento de su capacidad generando unos 26 mil reportes por acumulación de residuos en los hogares tapatíos y otras 15 mil quejas sobre basura en espacios y vía pública.
Según estadísticas de la autoridad municipal, en el último cuatrimestre de la concesión, la empresa sumó más de 10 mil quejas por deficiente servicio de recolección con afectación al 90 por ciento de la población; pese a esta situación, de 2018 a septiembre de 2024, el ayuntamiento de Guadalajara había pagado a la concesionaria dos mil 505 millones de pesos.
Para el 17 de diciembre de 2024, la fecha de término de la concesión, la alcaldesa Verónica Delgadillo había anticipado que no habría renovación y que el municipio retomaría la prestación del servicio consagrado en el artículo 115 constitucional como una de sus atribuciones.
Tras tomar esta decisión, el ayuntamiento adquirió 160 camiones recolectores con una inversión de 589 millones de pesos; conformó el organismo público GDLimpia, y estableció su propio modelo de atención con una estación de transferencia, góndolas, tracto camiones, 160 choferes operativos, 320 auxiliares de recolección y 185 rutas que cubren las 11 comunidades que albergan las 441 colonias.
De acuerdo con datos municipales, en el primer año de funcionamiento del programa Limpia Guadalajara, las quejas pasaron de 26 mil en 2024 a 3 mil 342 en 2025, por lo que el nivel de cobertura alcanzó el 95 por ciento.
En el nuevo modelo destaca la implementación de una aplicación donde avisa que el camión llegó a la colonia y cuando está a 100 metros del domicilio. Por este tipo de innovaciones, el gobierno de Guadalajara recibió el Premio Trayectoria en la Gestión de Residuos 2026 otorgado por DSLATAM ISWA México, Asociación de Profesionales en Residuos.
La decisión del ayuntamiento tapatío, contrasta con lo que sucede en otros municipios de Jalisco. El gobernador Pablo Lemus ha lanzado la iniciativa de crear una Agencia Metropolitana de Manejo de Residuos, pero algunos alcaldes no se han atrevido a terminar con el servicio concesionado, a pesar de las fallas.
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