Aunque el Presidente supone, equivocadamente, que la negativa del Instituto Nacional Electoral a entregar al gobierno su base de datos es porque “están muy sensibles los del INE”, acertó al instruir a la secretaria Olga Sánchez Cordero no insistir en la pretensión… pero ella desdeña una sensata alternativa y pedirá lo que quiere al IMSS y al Issste, donde los derechohabientes confiaron su información por motivos de salud y pensión.
Por ley, el gobierno federal tiene la obligación, incumplida desde hace tres décadas, de expedir a cada mexicano una cédula de identidad y la tarea corresponde al Registro Nacional de Población que maneja la Segob.
La semana pasada, la secretaria y el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, platicaron sobre el tema con el consejero presidente, Lorenzo Córdova, y algunos de sus pares, de quienes oyeron sin escuchar las mismas razones con que se toparon los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. Entre las principales: la Constitución y las leyes amparan los derechos humanos y la protección de datos personales. También el hecho de que el Instituto (que viene padeciendo el asedio de la 4T) no es dueño de la información, pues ésta pertenece a los más de 90 millones de ciudadanos que, con toda confianza, aportaron inclusive sus huellas dactilares y permitieron se les fotografiara, con el único propósito de obtener una credencial para ejercer su derecho al voto.
Para cumplir con su obligación de expedir cédulas de identidad, el gobierno debe tener no solo voluntad sino recursos económicos, personal e infraestructura tecnológica (impensable con la austeridad juarista-franciscana), precisamente lo que ha venido conformando la institución ciudadanizada y autónoma que es el INE, piedra de toque de la democracia en México.
El consejero Ciro Murayama explicó (lunes y martes en El asalto… de MILENIO Tv) que, con un acuerdo de colaboración (como hay por ejemplo para la identificación de cadáveres), el gobierno puede capitalizar la experiencia y la estructura humana y técnica del INE para iniciar su propio registro con la población menor de 18 años. El que tiene bajo resguardo pertenece a los mayores de edad, a quienes la credencial de elector sirve para todo lo que requiera identificación.
AMLO da un leve respiro a los consejeros (“no hay que testerearlos”, dijo), porque el tema (impuesto por la Ley General de Población, pero incumplido por tres distintos gobiernos) “no es prioritario”.
–¿Está en el Plan Nacional de Desarrollo? –se le preguntó.
"Sí, pero hay tiempo", respondió. "Cuando se serenen. Todo eso de tener una identificación única genera muchas sospechas, inquietudes, pero se hará en su momento, cuando se pueda, la política es tiempo.
Pues el gobierno está en tiempo de aceptar la propuesta de que el INE comience a hacerle su trabajo...
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