En ocho meses han sido asesinados 88 políticos, 34 de ellos aspirantes a puestos de elección. Los más recientes: Arturo Flores Bautista, candidato a síndico para Landa Matamoros, Querétaro, y Alma Rosa Barragán, quien pretendía la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato. Del primero, la fiscalía estatal supone que la causa fue una deuda vinculada al narcomenudeo y no la política. De la segunda priva la hipótesis de que sus homicidas pertenecen al crimen organizado.
Con motivaciones distintas, en ambas convergen las drogas.
Una semana antes mataron al ex procurador estatal que buscaba la alcaldía de Cajeme, Sonora, y un candidato a diputado local por Moroleón fue herido el 17 de mayo.
Aunque el homicidio está tipificado como delito del fuero común y son las autoridades locales quienes deben esclarecerlo, el decisivo componente del narcotráfico impone que la Federación asuma su responsabilidad, atraiga las investigaciones y atrape a los asesinos.
Por eso mismo es deplorable que el presidente López Obrador solo diga que a su gobierno le toca brindar protección a los candidatos que la solicitan y que corresponde a los gobiernos estatales resolver los narcoasesinatos.
Desde luego no.
Ninguna fiscalía o procuraduría de las 32 entidades cuenta con los recursos económicos, técnicos y humanos de las múltiples bandas de la delincuencia organizada ni, mucho menos, con los de la Federación para combatir a las agrupaciones (interestatales e internacionales) del crimen.
La dirigente local de Encuentro Solidario en Guanajuato denunció en redes que el narco está operando en las campañas que se llevan a cabo en Apaseo El Alto, Coroneo, Jerécuaro, Tarandacuao y Acámbaro.
Nada o muy poco pueden hacer contra eso las policías municipales o estatales.
—¿Qué se va a hacer en este asunto de la violencia política? —le preguntaron ayer al Presidente.
—Es gente que quiere generar inestabilidad. Sin duda es delincuencia organizada, pero vamos a seguir brindando protección. Debe saberse que estos delitos lamentables corresponden atenderlos a las autoridades de los estados, son del fuero común, eso debe de tomarse en cuenta. Nosotros ayudamos en todo, la Guardia Nacional está brindando protección a candidatos que lo solicitan. Vamos a seguir protegiendo a candidatos.
O sea que la Federación continuará siendo pasiva o, en el mejor de los casos, reactiva, siempre y cuando se le informe o se entere de las amenazas.
No es una autoridad activa, no produce el efecto que le es propio y menos proactiva, actitud (psicología del trabajo) en que se asume el pleno control de la conducta de modo activo y, claro, con iniciativa.
La deplorable “estrategia” de seguridad federal no ha frenado la narcoviolencia y ésta más bien se ha catapultado.
¿Por qué?: porque la 4T no investiga ni persigue a los criminales. Desmanteló de facto las áreas de inteligencia por la paranoia del “espionaje” y, al conjuro de “abrazos, no balazos” optó cómodamente por lamentar en vez de prevenir...
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