Aunque desde mediados de los años 70, con la Operación Cóndor, el Ejército comenzó a ser empleado en la destrucción de plantíos de mariguana y amapola, fue hasta el gobierno de Ernesto Zedillo cuando las fuerzas armadas fueron convocadas para combatir el crimen organizado.
No se les ordenó antes ir contra los delincuentes porque no es su función, pero la receta militar se impuso frente a la evidente ineficacia y/o complicidad de las policías civiles, y porque lo fácil, se sabe, es sacar a las tropas de sus cuarteles, lo difícil es devolverlas.
Se cumplen, pues, 20 años de su actuación en la persecución de la delincuencia, periodo en que sus comandantes, los secretarios de la Defensa Nacional y la Marina, vienen clamando por una definición legal de sus tareas en materia de seguridad pública.
Ayer su máximo jefe, el presidente Enrique Peña Nieto, les hizo uno más de los reconocimientos que merecen, en tanto que el Congreso de la Unión sigue regateándoles la certeza jurídica que la realidad impone.
Omisos, diputados y senadores están en falta.
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