Se supo el 22 de septiembre que el contralor del Instituto Nacional Electoral, Víctor Hugo Carvente Contreras, reactivó las denuncias que el entonces representante ante el INE de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, interpuso contra seis consejeros en… ¡2021!
Tres están en funciones y tres ya no, porque concluyeron el periodo para el que fueron designados.
Entre los perseguidos figuran dos de los más denostados por López Obrador: Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, así como Roberto Ruiz. Los otros amenazados continúan en funciones: Claudia Zavala, Jaime Rivera y Dania Ravel.
Se pretende sancionarlos por haber aprobado la posposición del proceso de revocación de mandato por insuficiencia de presupuesto.
En la descocada reactivación de tan absurdo asunto, el contralor pasa por alto que la consulta popular sobre la revocación de mandato no solamente se realizó, sino que del caso tomó conocimiento el inapelable Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que nada les reprochó a esos consejeros, sino que le ordenó al Instituto hacer la consulta con los recursos que pudiera.
¿Cuatro años después de presentadas las denuncias se les quiere castigar? Sí.
No se trata de una simple ocurrencia: el contralor es un lopezobradorista de cepa desde que se desempeñó con ese cargo en la Lotería Nacional y la alcaldía Magdalena Contreras, de donde trepó a la Secretaría de la Función Pública como titular del área de auditoría interna en el sexenio de AMLO.
Qué indignante que reanimen la polvorienta denuncia de Gutiérrez Luna, porque los consejeros del INE tienen todas las atribuciones para decidir y, en todo caso, al Tribunal Electoral corresponde la última palabra.
Lo que el INE decidió en 2021 fue un punto de acuerdo con votación dividida. ¿Para qué chillar?
El dilema era muy serio por el empecinamiento de López Obrador en que se realizara el proceso que no pretendía una revocación, sino la ratificación de mandato.
Al INE se le exigía que se instalaran todas las casillas como si fuera una elección presidencial, pero no tenía manera de cubrir los costos.
De haber hecho lo que finalmente hizo, llevar a cabo una votación económicamente poquitera, como resultó, el instituto habría incurrido en responsabilidad, porque es la ley donde se mandata cómo hacer las cosas.
Lo que resolvió el Consejo General por mayoría de seis contra cinco votos fue acudir a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal para que, como máximas instancias, decidieran si la consulta se hacía con lo que el INE tenía, pese a que tal cosa no figura en la ley, o exigieran a la Cámara de Diputados autorizar los recursos faltantes.
El sectario contralor del INE dice que la reactivación de la denuncia procede “por la forma” como sus perseguidos decidieron y porque el tribunal revocó esa decisión.
Tan demencial es el caso que el propio Gutiérrez Luna tuvo que pedir al Órgano Interno de Control del INE olvidarse de lo que “ya no tiene relevancia…”.
