El brutal asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, en medio de una festividad pública, no es un hecho aislado.
Es un eco devastador de la radiografía de violencia que desangra a México, una nación que, a pesar de sus cifras macroeconómicas y su riqueza cultural, está atrapada en una espiral de miedo e impunidad.
El caso de Manzo es emblemático: un funcionario que levantó la voz, que solicitó apoyo federal ante el asedio de cárteles poderosos y que terminó siendo silenciado trágicamente.
Su muerte, la de otros funcionarios y las de miles de civiles, revela las profundas grietas en la estructura de seguridad del Estado mexicano.
La violencia en México es multifactorial y se manifiesta en varias dimensiones críticas:
1. La Captura del Estado a Nivel Local: La colusión o la intimidación del crimen organizado con autoridades locales es una realidad dolorosa.
En municipios como Uruapan, los grupos criminales no solo se disputan el territorio, sino que controlan e infiltran policías, procesos electorales y economías regionales (extorsión, cobro de piso, tala ilegal).
Esto genera una indefensión total para el ciudadano, incluso para sus líderes, como el propio Manzo advirtió antes de su asesinato:
"No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados."
2. La Impunidad Crónica: El crimen prospera donde el castigo es raro. La tasa de impunidad en delitos graves sigue siendo alarmantemente alta.
Cuando los crímenes contra la vida y la política no se esclarecen ni se sancionan, el mensaje para el ciudadano y para el criminal es claro: no hay consecuencias.
3. Un Enfoque Insuficiente: Si bien los datos federales pueden mostrar descensos en algunas estadísticas, la realidad en las "plazas" controladas por el narco es otra.
La estrategia de seguridad, a menudo enfocada en grandes despliegues de fuerza federal, se queda corta si no ataca la raíz económica y social de la delincuencia ni fortalece las policías e instituciones de fuero común.
4. La Normalización del Terror: La presencia de vehículos calcinados, cuerpos abandonados, secuestros y extorsiones se ha convertido en una parte rutinaria de la vida en muchas regiones. Esta normalización erosiona la confianza social y política, obligando a comunidades enteras a desplazarse o a vivir bajo el dictado del miedo.
El duelo debe transformarse en una acción constructiva y urgente. Es hora de ir más allá de la condena y las estadísticas para proponer un camino de salida basado en la unidad nacional y la reforma profunda.
Se requiere una estrategia nacional anticrimen que incluya un diagnóstico de riesgos en cada municipio.
Es urgente fortalecer, depurar y equipar mejor a las policías municipales y estatales para que no sean superadas en armamento o capacidad por el crimen organizado.
La lucha debe concentrarse en desmantelar las redes de lavado de dinero y extorsión que son la columna vertebral de los cárteles (aguacate, tala, cobro de piso). Donde hay dinero ilícito, hay violencia.
La verdadera pacificación es a largo plazo. Se debe priorizar la inversión en educación, empleo juvenil y prevención del delito en zonas de alta marginación.
Necesitamos construir oportunidades para que los jóvenes no vean en las filas del crimen su única opción de subsistencia.
Las comunidades deben ser el centro de la estrategia de seguridad. Se debe escuchar y replicar los modelos de autodefensa cívica legal (como el caso de Cherán, Michoacán, que se levantó contra la tala ilegal y el narco), empoderando a la sociedad para que recupere sus espacios públicos y su capacidad de organización sin el miedo a la represalia.
México no puede seguir siendo un país donde el liderazgo valiente se paga con la vida y donde la ley del miedo doblega a la ley del Estado.
Es momento de que la indignación se convierta en la energía para exigir un cambio de ruta y para reconstruir la paz desde abajo, codo a codo, con la certeza de que el silencio y la división solo benefician a la violencia.
