Con la reforma que regula la doble ciudadanía y el acceso a un cargo popular ha revivido un debate sobre nación, ciudadanía y derechos: el mismo que han tenido las comunidades migrantes en los últimos veinte años desde que se ejerció el derecho a votar en 2006, quienes han exigido candidaturas y voto aun cuando no viven en México, alegan 106 años de discriminación histórica.
Sobre ello, Paulina Ochoa (¿Quiénes somos todos…?, IEPC Jalisco, 2026) propone una ciudadanía transnacional que responde a la realidad migratoria donde las comunidades construyen espacios y experiencias cívicas transfronterizas como el envío de remesas, la organización comunitaria, las exigencias en consulados o la participación política a través del voto y candidaturas.
Según Paulina, el voto desde el extranjero resulta una rectificación histórica pero la complejiza reflexionando sobre si en realidad alguien que no vive en un territorio específico puede tener decisión sobre este. El tema también fue analizado por la UNAM y el INE en un Informe sobre acciones afirmativas, donde se encontró que hubo un retroceso normativo, pues se flexibilizaron los requisitos de acreditación, por lo que se postularon candidaturas sin arraigo (insiders) y con arraigo migrante pero fuera del partido (outsiders); estos últimos son los quienes presentado iniciativas congruentes con sus necesidades aunque sin eficiencia legislativa.
Entre los retos para estos representantes, que identifica el Informe, está legislar en dos territorios, así como afrontar los retos logísticos que eso implica, además de la prohibición de hacer campaña en el extranjero y la nula representación en órganos de decisión.
Los cuestionamientos a la ciudadanía transnacional seguirán estando vivos, y en 2027 no será la excepción, los residentes en el extranjero podrán votar en diversos estados por la gubernatura y en Jalisco por una diputación local, además de que existe la figura de diputación migrante en algunos territorios. En Jalisco los partidos tendrán que postular candidaturas residentes en el extranjero a una diputación también; para ejercer el derecho al voto, los paisanos tienen que tramitar su INE y registrarse antes del 25 de febrero.
Ojalá que el debate de la doble nacionalidad nos lleve a reflexionar sobre el alcance, impacto y retos que viven las y los residentes en el extranjero y que las elecciones se conviertan en momento de análisis, de inclusión y de ensanchamiento de la democracia, redireccionando los derechos políticos más allá del territorio.
