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Siniestra operación de corrupción electoral tolerada

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  • Bernardo Barranco

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A sólo 40 días de la elección para gobernador, el 24 de mayo de 2005, tomé protesta en la Cámara de Diputados local junto con José Núñez Castañeda, Norberto López Ponce, Gabriel Corona, Ruth Carrillo, Jorge Muciño y Juan Flores. La atmósfera era de extrema tensión política, pues el anterior consejo fue obligado a renunciar bajo la sospecha de corrupción. Concretamente se presumía el soborno a los funcionarios electorales del IEEM que ejerció la empresa Cartonera Plástica S.A de C.V. Se vivía en el IEEM de entonces el imperio de un cacique electoral priista llamado Bernardo García Cisneros.

El mayor escándalo de corrupción electoral en el país, en los inicios del siglo XXI, fue en el Estado de México. El caso se llamó “Cartonera Plástica”, es decir, el nombre de la empresa imputada cuyos propietarios son los proveedores hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.

Cartonera Plástica ya había experimentado otros escándalos de sospecha de soborno en 2003 en Ciudad de México, entonces Distrito Federal. El IEDF la sanciona por incumplimiento de contrato y en 2004 en Oaxaca, por similares razones, donde se ve involucrada una ex consejera del IEEM, Nelly Sofía Gómez Haaz, quien al parecer tenía una presunta ruta del cohecho.

Regresando al Estado de México, el Consejo General del IEEM, en su sesión del 18 de marzo de 2005, instruye al Comité Único de Adquisiciones convocar a una licitación pública para adquirir materiales electorales. Este lo ejecuta pero amaña la convocatoria favoreciendo a la empresa hoy impugnada. Se desecha las otras empresas ofertantes. Por filtración aportada por Formas Finas, en la sesión Consejo general del 12 de mayo, el representante del PRD, Ricardo Monreal, cuestiona al Consejo por irregularidades, contaba con información y pruebas contundentes de que un grupo de consejeros se llevaría 3 millones de pesos si votaban la propuesta.

El siniestro modus operandi de los hermanos Hernández Casillas era simular competencia en licitaciones públicas mediante una red de empresas fachada para acaparar contratos de material electoral por cerca de 9 mil millones de pesos.

La pregunta de fondo, más allá de las disputas políticas: ¿por qué nadie advirtió este calamitoso modus operandi y la red de empresas que incluso simulaban competencia entre ellas mismas? La señora Guadalupe Tadei está obligada a rendir cuentas ante la justicia el INE y pero también 27 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), que incluyen al IEEM.

Está en juego la credibilidad del sistema electoral, basamento de nuestra democracia.


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Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
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