Malos augurios, signos evidentes de regresión y una clara crisis de las instituciones de justicia es el signo de estos días con el cese fulminante de Santiago Nieto como titular de la Fepade, por el encargado de despacho de la procuraduría Alberto Elías Beltrán. La justificación aparenta ser técnica se sustenta en la supuesta violación del Código de Conducta de la PGR. Sin embargo, todos coinciden que una remoción de tal calibre debe contar con la tácita aprobación presidencial cuyo cálculo político no pudo ser peor. Se abre una fractura no solo política sino constitucional. Dicha remoción no evita obviar que la FEPADE llevaba a cabo investigaciones sobre el caso Odebrecht, OHL o casos de delitos electorales relacionados con César Duarte, exgobernador de Chihuahua. Santiago Nieto tenía además carpetas abiertas por importantes delitos electorales en el Estado de México como las campañas de intimidación electoral al estilo del crimen organizado; denuncias de compra y coacción del voto y operación político electoral que el mismo Santiago bautizó como feminización de los delitos electorales ya que gran parte de las denuncias recaen en mujeres que operaron la elección y al mismo tiempo son beneficiarias de programas electorales.
En pleno proceso electoral que culminará en el 18, la gravísima acusación de vínculos de la empresa Odebrechet con las elecciones del 2012 podrá tener repercusiones demoledoras. Las investigaciones sobre la trama Lozoya-Odebrecht pueden bifurcarse en revelaciones catastróficas sobre la relación entre la corrupta firma brasileña y la clase política mexicana. El desenlace del extitular de la FEPADE impactará la política de todo el país. Es inaudito el intento de vulnerar instituciones que se dedican a acabar con los crímenes y la corrupción electorales. Este lance muestra que el grupo en el poder está dispuesto a todo para mantener a las instituciones controladas como cotos de poder.
La atmósfera política del país está enrarecida como pocas veces en la historia reciente. Las señales son preocupantes. El régimen quiere seguir colonizando las instituciones tanto de impartición de justicia como las electorales y tribunales. Por supuesto que el Edomex no escapa a dicha atmósfera. El recién nombrado Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción mexiquense nace muerto. Muestra la selección de ciudadanos sumisos y vulnerables que se doblegarán a los requerimientos del poder. No tiene credibilidad ni confianza. Con pasmoso cinismo, Palmira Tapia pide un voto de confianza, cuando ella es señalada como responsable de corrupción electoral en el conteo y cómputo distrital del pasado proceso electoral. Le apuesta a la desmemoria de la posverdad.
