La suspensión de millones de líneas telefónicas por no haber sido vinculadas con los datos personales de sus usuarios es una decisión que puede tener una justificación en materia de seguridad, pero que resulta polémica por la forma en que se está implementando. El objetivo de combatir el fraude y la extorsión es legítimo; lo cuestionable es que el Estado convierta una herramienta cotidiana y prácticamente indispensable en un mecanismo de presión para obligar a los ciudadanos a entregar información personal. Si la medida pretende combatir al crimen, debe demostrar que no terminará afectando más a los usuarios cumplidos que a los delincuentes que busca perseguir.
La magnitud del proceso explica parte de la controversia. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha informado que millones de líneas fueron suspendidas y que una parte importante ya fue reactivada después de que sus usuarios completaron la vinculación. Al mismo tiempo, se prevé depurar millones de líneas que realmente se encuentran en desuso, como tarjetas SIM que nunca fueron activadas, chips promocionales o números utilizados temporalmente. Esto significa que una parte considerable del universo de líneas telefónicas no corresponde necesariamente a personas que estén evadiendo deliberadamente el registro, sino a números que simplemente dejaron de utilizarse.
El argumento a favor de la medida es difícil de ignorar. México enfrenta un problema serio de extorsiones, fraudes y delitos cometidos mediante teléfonos celulares, y durante años el anonimato de las líneas ha representado una herramienta para quienes utilizan estos dispositivos con fines criminales. Saber quién está detrás de un número puede facilitar investigaciones y permitir que las autoridades sigan una ruta que anteriormente terminaba en una línea sin identidad verificable. Desde esa perspectiva, vincular una línea con una persona puede convertirse en un instrumento útil para combatir el delito.
Pero la seguridad no debería significar necesariamente más controles sin garantías suficientes. La preocupación legítima de millones de usuarios es qué ocurrirá con sus datos una vez que estén asociados a su identidad. Un número telefónico puede revelar mucho más que una simple vía de comunicación: está conectado con cuentas bancarias, aplicaciones, redes sociales, servicios de mensajería y mecanismos de autenticación. Por eso el debate, la regulación de las líneas telefónicas debe proteger la seguridad de los usuarios sin convertir la comunicación básica en un privilegio condicionado a entregar cada vez más información al Estado.
