La democracia deja de existir mucho antes de que desaparezca la palabra de la Constitución. Comienza a morir cuando el poder elimina los contrapesos, silencia a la oposición y convierte las instituciones en instrumentos de un solo grupo. La decisión del régimen de Daniel Ortega de impulsar reformas para eliminar las elecciones en Nicaragua no es únicamente un cambio legal; es la confirmación de que el gobierno ha renunciado por completo al principio de que el poder debe surgir de la voluntad de los ciudadanos.
Desde hace varios años, Nicaragua ha experimentado un deterioro constante de sus instituciones democráticas. La persecución de opositores, el cierre de medios de comunicación, el encarcelamiento de dirigentes políticos, el exilio de miles de ciudadanos y la concentración del poder en la figura de Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron debilitando paso a paso, los pilares de la democracia. Sin embargo, todavía permanecía un elemento simbólico: la existencia de elecciones que, aunque cuestionadas, mantenían la apariencia de un sistema democrático.
Con la intención de eliminar las elecciones como mecanismo de acceso al poder, esa apariencia desaparece por completo. El mensaje es claro: el futuro político de Nicaragua ya no dependerá de la decisión de los ciudadanos, sino de la voluntad de quienes hoy controlan el Estado. Cuando un gobierno decide que el voto deja de ser necesario, también decide que la ciudadanía deja de ser el origen de su legitimidad.
Paradójicamente, esta decisión no refleja fortaleza, sino miedo. Los gobiernos que confían en su respaldo popular aceptan competir y someterse al juicio de las urnas. En cambio, los regímenes autoritarios modifican las reglas cuando perciben que la posibilidad de perder se convierte en una amenaza. Eliminar las elecciones es, en realidad, reconocer que el poder ya no puede sostenerse mediante la confianza de los ciudadanos.
El caso de Nicaragua también representa una advertencia para toda América Latina. Ninguna democracia desaparece de un día para otro. Su deterioro suele ser gradual: primero se desacredita a la oposición, después se limita la libertad de expresión, más tarde se debilitan los organismos autónomos y finalmente se cambian las reglas para impedir cualquier posibilidad de alternancia. Cuando la sociedad descubre que ya no puede elegir libremente, las instituciones ya han sido desmanteladas.
Las reacciones internacionales difícilmente modificarán el rumbo de un régimen que ha demostrado estar dispuesto a soportar el aislamiento político con tal de conservar el control absoluto. Las condenas diplomáticas son importantes porque dejan constancia del rechazo de la comunidad internacional, pero resultan insuficientes cuando un gobierno concentra todos los poderes del Estado y elimina cualquier espacio para la disidencia interna.
Quienes terminarán pagando el mayor costo no serán los actores políticos, sino los ciudadanos nicaragüenses. Sin elecciones libres desaparece el principal mecanismo para exigir cuentas a los gobernantes, corregir el rumbo de un país y renovar pacíficamente el poder. Sin esa posibilidad, la frustración social encuentra cada vez menos canales institucionales para expresarse.
La historia demuestra que ningún régimen es eterno, pero también enseña que recuperar una democracia puede tomar décadas cuando sus instituciones han sido destruidas. La decisión de Daniel Ortega marca uno de los episodios más graves de regresión democrática en América Latina. Defender el derecho al voto no significa únicamente proteger un proceso electoral; significa preservar el principio más básico de cualquier sociedad libre: que ningún gobernante debe permanecer en el poder porque él mismo decidió que los ciudadanos ya no pueden elegir a quien lo sustituya.
