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Lunes , 25.03.2019 / 04:29 Hoy

Columna de Azul Alzaga Magaña

Los delitos graves y el falso debate

Azul Alzaga Magaña

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Existe una confusión importante alrededor de la aprobación de la modificación al artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos graves. En redes sociales, algunos medios de comunicación y en boca de legisladores que defienden la reforma se escucha: al fin se reconocieron como graves delitos que antes pasaban en blanco y contribuían a la impunidad en el país. Por fin se hicieron visibles y los van a perseguir.

Esa es la narrativa que se construyó en aras de atender un clamor social creciente en contra de la corrupción y la inseguridad y de validar, entonces, el mecanismo elegido para hacerlo.

El problema es que propició un falso debate, uno en el cual oponerse a la ampliación del catálogo de delitos graves significaba estar a favor de que la corrupción, el feminicidio, el abuso sexual contra menores, el robo de hidrocarburos u otros que recientemente fueron incluidos por la Cámara de Diputados en el catálogo de delitos graves siguieran sin ser perseguidos con vehemencia.

Nada más lejano de la realidad. Ese no era el debate. La discusión relevante era y sigue siendo: ¿qué hacer con todos esos delitos que sí son considerados graves? Y la solución aprobada mantuvo la práctica, ya existente, de meter a la cárcel a cualquier persona, solo por el hecho de haber sido acusada de un delito, mientras se le investiga, antes de obtener sentencia de un juez.

Cárcel obligatoria, sin sentencia, a una mayor cantidad de delitos. Eso es lo que se aprobó como recurso, como una especie de solución final y lo hicieron diciendo: con ello estamos combatiendo la impunidad.

Esta narrativa genera confusión en dos sentidos: El primero es que, parecería entonces, que ser acusado de estos delitos convierte a cualquiera, en automático, en culpable de haberlos cometido. No se toma en cuenta que ninguna de las personas que van a la cárcel sin sentencia es todavía culpable, porque ello no ha sido probado.

El segundo es que, en realidad, no se está haciendo nada nuevo que haya probado eficacia en la persecución de ningún delito: de acuerdo con la última encuesta del INEGI a personas privadas de la libertad, la prisión preventiva ha sido siempre la medida cautelar más empleada frente a cualquier delito (en 96 por ciento de los casos procesados en 2016, sin importar el tipo de delito, los imputados atravesaron la investigación en su contra desde la cárcel). Si se considera que en el país existe más de 90 por ciento de impunidad, no hay más que hacer las cuentas.

Hay, además, otros aspectos que no son considerados en este discurso: de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la prisión preventiva no es una sanción, sino una medida cautelar para evitar que quien es investigado se sustraiga del proceso de justicia o implique un riesgo para las víctimas o la sociedad durante su proceso de investigación. Existen, por otro lado, medidas cautelares alternativas para evitar que estas situaciones se presenten. Nunca se habló de ellas. Finalmente, al defender la medida como un salto en el combate contra la impunidad, se resta importancia a la urgencia de establecer estrategias para garantizar investigaciones de calidad por parte de las fiscalías.

De esta forma, la lógica que se ha venido consolidando y que derivó en la aprobación final de la ampliación del catálogo de delitos graves acalla el verdadero debate. Uno que no pasa únicamente por defender la presunción de inocencia que continúa siendo ignorada, sino por abrir una verdadera discusión sobre aquello que requiere ser fortalecido para probar la culpabilidad de una persona. En estas circunstancias, esta discusión parece haber quedado en segundo plano y debe ser retomada.


* Politóloga internacionalista por el CIDE y consultora en la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio

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