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Martes , 19.03.2019 / 02:19 Hoy

Columna de Azul Alzaga Magaña

Delitos graves y presunción de inocencia

Azul Alzaga Magaña

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En México hay un clamor por acabar con la impunidad. Estamos hartos de la corrupción y de que nadie pague el precio de cometerla. En eso coincidimos todos.

Recientemente los delitos de corrupción, huachicoleo y otros se establecieron en la ley dentro de la lista de delitos graves. Y lo son porque están causando un daño enorme al país y casi nunca se daba con los responsables.

Pero, ¿cuándo sabemos que alguien cometió un delito? Cuando hubo una investigación, un proceso y la sentencia de un juez. Antes de eso, todos somos inocentes.

No obstante lo anterior, en México la clasificación de “delito grave” implica que los acusados de esa lista de infracciones deban ir automáticamente a prisión mientras son procesados, es decir, mientras se determina si son culpables o no. Esta famosa lista es la que se acaba de agrandar y ya es enorme.

De ahí que, esta iniciativa que podría parecer un paso adelante en contra de la impunidad, en realidad abona a un mal que arrastra el sistema penal, que implica un enorme riesgo para cualquier persona: para usted, para mí, para todos y, sobre todo, para los más vulnerables o desprotegidos. Porque cualquier ciudadano podría ser acusado de un delito grave, ya sea por dolo o por equivocación, y solo por eso ser recluido en la cárcel hasta por dos años, sin que el fiscal haya investigado nada, ni tenga necesidad de hacerlo, porque con el acusado guardado, ¿cuál es la prisa?

Eso significa continuar con una etapa de la que estamos tratando de salir con el Sistema Penal Acusatorio, en la que se podía meter a la cárcel a cualquier persona sin mayor esfuerzo y tenerla años ahí, para luego decir: usted disculpe (si había suerte y recursos).

En todos los países, la mayoría de las personas que son acusadas de algo, pueden ser procesadas en libertad, porque recordemos que: esas personas son inocentes y solo dejarán de serlo hasta que un fiscal pruebe científicamente ante el juez, que son culpables.

Para ese propósito, el juez, en audiencia pública y a partir de los argumentos que proporciona el fiscal y el abogado defensor, establece las medidas necesarias para cuidar que el proceso no pueda ser suspendido, ya sea porque exista riesgo de que el acusado se dé a la fuga o de que agreda a la víctima o a la sociedad.

Solo en esos casos, el juez, por excepción, determina que el acusado esté en la cárcel mientras es procesado. Pero si no es así, este podrá hacerlo en libertad, cumpliendo otro tipo de medidas cautelares durante el proceso: firmar cada semana, realizar trabajo comunitario, usar una pulsera electrónica, etcétera. Existen 13 medidas de este tipo.

¿Qué es lo que sería deseable? Que quienes cometen delitos graves cumplan una pena, cuando se les pruebe su culpabilidad. Pero también es deseable que se elimine como criterio automático para enviar a una persona a la cárcel, el que se le acuse de un delito grave. De esta forma nadie tendría que pisar la cárcel sin haber sido sentenciado o sin haber sido justificada, por excepción, la necesidad de que atraviese su proceso en prisión. Eso sería un enorme paso hacia adelante.
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*Politóloga internacionalista por el CIDE y consultora en la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

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