Obligar a una persona a seguir viviendo contra su voluntad cuando enfrenta un sufrimiento intolerable e irreversible no siempre protege la vida. En ocasiones sólo prolonga el dolor y convierte al Estado en dueño de una existencia que no le pertenece. ¿Quién debe tener la última palabra sobre el final de nuestra vida?
Durante siglos, esa decisión ha sido reclamada por gobiernos, iglesias, médicos y familias. La persona queda sometida a valores y convicciones que podrían no ser los suyos. En una democracia constitucional, ese orden debe invertirse. El punto de partida no puede ser lo que otros consideran una vida digna, sino la libertad de cada quien para definir el sentido de su existencia.
La autonomía no consiste solamente en escoger entre opciones pequeñas. Es el derecho a construir un proyecto de vida conforme a nuestras convicciones. Supone poder decidir qué vínculos formar, qué creencias profesar, qué identidad asumir y qué idea de felicidad perseguir. También comprende las decisiones más dolorosas sobre la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Una libertad que desaparece en el momento más íntimo y decisivo de la existencia es una libertad incompleta.
Por ello, el derecho a morir con dignidad, que comprende la muerte voluntaria asistida, encuentra sustento en el libre desarrollo de la personalidad. Una sociedad de personas libres e iguales no puede reconocer nuestra capacidad para gobernar la vida y negarla cuando llega su final. La dignidad humana no se reduce a conservar las funciones biológicas a cualquier costo. Consiste en reconocer a cada persona como autora de su propia historia, capaz de decidir sobre aquello que da valor y sentido a su vida.
Esto no significa que toda decisión de morir deba aceptarse sin más. En la mayoría de los casos el deseo de morir es transitorio, ambivalente y tratable. Por ello, el Estado tiene el deber de proteger la vida, prevenir el suicidio, atender la salud mental y garantizar cuidados paliativos. Debe impedir que la pobreza, el abandono, la falta de atención médica o la presión familiar empujen a alguien hacia una decisión que no es libre. Proteger la autonomía exige comprobar que la voluntad sea informada, seria, reiterada y libre de coacciones.
Sin embargo, proteger no es sustituir. Una cosa es crear salvaguardas para asegurar que la decisión sea auténtica y otra distinta imponer la vida por la fuerza. Cuando la ley parte de la idea de que ninguna persona puede decidir racionalmente sobre su propia muerte, deja de protegerla y comienza a tutelarla. La trata como incapaz, borra su voz y la obliga a soportar un sufrimiento que los demás no padecen.
Tampoco corresponde a las iglesias definir esta cuestión para toda la sociedad. Sus convicciones merecen respeto y quienes las comparten tienen pleno derecho a vivir y morir conforme a ellas. Lo que no pueden hacer es convertirse en mandato jurídico para quienes profesan otras creencias o ninguna. En un Estado liberal y laico, la fe puede orientar la conciencia individual, pero no gobernar la libertad ajena.
Reconocer este derecho tampoco obliga a nadie a intervenir contra sus convicciones. La libertad de conciencia del personal médico debe estar protegida. Ninguna persona puede ser forzada a prestar ayuda para morir. Sin embargo, la objeción individual no puede convertirse en una prohibición absoluta que vuelva ilusorio el derecho de quien ha tomado una decisión.
México ha avanzado cuando se ha atrevido a cuestionar prohibiciones que parecían intocables. Lo hizo al ampliar las libertades de las mujeres, reconocer el matrimonio igualitario y colocar el libre desarrollo de la personalidad en el centro de nuestra vida constitucional. Cada paso enfrentó resistencias morales y religiosas. También confirmó una verdad democrática elemental. Ninguna mayoría puede decidir por todas las personas cómo amar, cómo formar una familia o cómo conducir su propia vida.
Ha llegado el momento de discutir, sin tabúes, el derecho a morir con dignidad. No se trata de abandonar a quien sufre, sino de acompañarle con medicina, afecto, información y alternativas reales. Tampoco de elegir la muerte sobre la vida, sino de aceptar que la vida humana pertenece a quien la vive.
Hago votos por que México avance hacia un marco respetuoso, humano y garantista, capaz de cuidar la vida sin apropiarse de ella y de acompañar el sufrimiento sin convertirlo en condena.
