Hay escenas que se repiten cada noche en millones de hogares. Una niña de 13 años desliza el pulgar frente a una sucesión interminable de cuerpos perfectos y termina odiando el suyo. Un niño recibe en la escuela una burla que seguirá persiguiéndolo cuando cierre la puerta de su cuarto. Un adolescente promete dormir temprano, pero una notificación lo devuelve a la pantalla, después otra y luego una más. Un ciclo interminable. Tras él opera una industria que invierte fortunas para conseguir que no se detenga.
El problema nace de un modelo de negocio que convirtió la atención de niñas, niños y adolescentes en materia prima. El desplazamiento infinito, la reproducción automática y las notificaciones responden a decisiones cuidadosamente estudiadas para prolongar el tiempo de conexión, conocer emociones y predecir conductas. Cuanto más mira una persona, más datos entrega. Cuanto más vulnerable se siente, más fácil resulta retenerla.
Ese mecanismo puede someter a cualquier persona adulta. En un chico que todavía está formando su identidad, aprendiendo a controlar sus impulsos y construyendo su autoestima, el daño puede ser mucho mayor. Las redes exhiben vidas editadas, cuerpos imposibles y popularidades medidas en cifras. La comparación se vuelve permanente. Poco a poco se instala una idea devastadora: los demás son más felices, atractivos y queridos; algo debe estar profundamente mal conmigo.
Los efectos de las redes sociales sobre la salud mental están documentados. Los adolescentes que pasan más de tres horas diarias en redes presentan el doble de riesgo de padecer síntomas de ansiedad y depresión. Casi la mitad reconoce que estas plataformas empeoran la percepción de su cuerpo. A ello se suman el acoso que atraviesa las paredes del hogar, los contenidos que promueven trastornos alimentarios y una necesidad de aprobación que convierte cada rechazo y cada “me gusta” en un juicio sobre el propio valor.
México no queda fuera. Según el Inegi 95 de cada 100 adolescentes de 12 a 17 años usan internet y nueve de cada diez usuarios mantienen presencia en las redes sociales.
Frente a esta realidad, el derecho impone obligaciones claras. Primero, los derechos de la infancia conservan toda su fuerza dentro del entorno digital. El interés superior de la niñez exige colocar su desarrollo, su integridad psicológica y su bienestar por encima de la neutralidad estatal y de las ganancias empresariales. Esa protección debe comenzar desde el diseño mismo de las plataformas. Educar al usuario resulta insuficiente cuando el producto fue construido para doblegar su voluntad.
La carga tampoco puede seguir recayendo únicamente sobre madres y padres. Ninguna familia compite en igualdad de condiciones contra empresas capaces de analizar millones de datos, identificar fragilidades y perfeccionar cada estímulo para capturar la atención. Pedir a los hogares que “pongan límites” mientras todo el sistema trabaja para romperlos equivale a abandonar a las familias y después responsabilizarlas por haber perdido la batalla.
Una prohibición absoluta ofrecería una salida sencilla, pero equivocada. Las nuevas generaciones necesitan herramientas digitales para estudiar, trabajar, expresarse y participar en el mundo que les corresponde. Privarlas de esas capacidades profundizaría desigualdades que ya condicionan su futuro. El desafío consiste en permitirles habitar la era digital sin entregarlas indefensas a quienes lucran con sus emociones.
En tal sentido, regular implica trasladar responsabilidades hacia quienes diseñan y obtienen beneficios. Se deben adoptar configuraciones seguras por defecto, límites estrictos al uso de datos, restricciones al perfilado algorítmico de menores y barreras eficaces frente a contenidos dañinos. También hay que apostar por la alfabetización digital, acompañamiento familiar, investigación independiente y la participación de niñas, niños y adolescentes. Ninguna política puede comprender su experiencia si se construye sin escuchar su voz.
Lo que está en juego es si aceptaremos que la autoestima de una generación sea subastada al mejor postor. La Constitución protege la salud mental de la infancia porque de ella depende la posibilidad misma de vivir en libertad. Nadie elige plenamente su plan de vida cuando la ansiedad toma las decisiones, el miedo gobierna sus relaciones o un algoritmo aprende a explotar sus heridas.
