El presidente Donald Trump lanzó la semana pasada su iniciativa continental llamada “El Escudo de las Américas”. Se trata de una nueva arquitectura de seguridad regional, impulsada por Estados Unidos, para coordinar a varios países del hemisferio occidental en la lucha contra el crimen organizado transnacional, particularmente los cárteles de la droga. La propuesta contempla intercambio de inteligencia, cooperación entre fuerzas de seguridad, operaciones conjuntas y presión financiera sobre las redes criminales.
Los países incluidos en la iniciativa fueron Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, Uruguay, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Guatemala. En contraste, quedaron fuera México, Brasil, Colombia, Canadá, Cuba, Nicaragua y Venezuela.
La conformación del grupo ha generado posturas encontradas. En los países invitados, la participación se ha presentado como un reconocimiento político que demuestra cercanía con Washington. En los países excluidos, en cambio, se ha criticado la iniciativa como una estructura entreguista y subordinada a los intereses estadounidenses. Como suele ocurrir, el análisis objetivo probablemente se encuentra entre ambos extremos, porque el proyecto responde a dos lógicas distintas.
La primera lógica es claramente positiva. El crimen organizado y los cárteles de la droga operan con una naturaleza profundamente transnacional y con niveles extremos de violencia. Frente a ello, coordinar la inteligencia, la capacidad operativa, la asfixia financiera y el poder coercitivo de varios Estados es, sin duda, una estrategia razonable.
La segunda lógica es donde la iniciativa muestra una grave debilidad. Al definirse la membresía bajo criterios ideológicos, quedaron fuera cuatro actores centrales en el fenómeno del narcotráfico: México, Colombia, Venezuela y Brasil. El argumento público fue que no han demostrado suficiente compromiso en la lucha contra el crimen organizado. La realidad es más simple: más allá de su dimensión de seguridad, la iniciativa tiene también una clara intención geopolítica, que es la de consolidar un bloque de aliados hemisféricos alineados con Washington. Por lo tanto, los gobiernos ideológicamente distintos no son vistos como aliados, sino como problemas.
Es indudable que cualquier estrategia construida para combatir al crimen organizado debe replicar y superar la lógica transnacional de las organizaciones criminales. Sin embargo, cuando se construye desde la exclusión ideológica y el perfilamiento político, su potencial se reduce considerablemente. Esto no quiere decir que estén destinadas al fracaso, pero sí a un alcance sumamente limitado. Es la opinión transnacional de tu Sala de Consejo semanal.
