La reducción de la jornada laboral recientemente incorporada a la Ley Federal del Trabajo marca un punto de inflexión en el debate económico y social del país. La decisión de avanzar hacia una jornada laboral más corta responde a una demanda histórica y coloca a México en sintonía con una tendencia global en materia de bienestar laboral. No obstante, el verdadero reto no está en trabajar menos horas, sino en producir más valor en ese tiempo reducido. De lo contrario, el costo podría ser mayor al beneficio.
México enfrenta una realidad clara: es uno de los países que más horas trabaja en el mundo. De acuerdo con datos de la OCDE, un trabajador mexicano labora en promedio 2,128 horas al año, muy por encima del promedio del organismo, que ronda las 1,716. Sin embargo, esas horas adicionales no se traducen en mayor riqueza. En productividad por hora trabajada, México ocupa consistentemente los últimos lugares entre los países miembros de la OCDE.
Este dato es central para entender los riesgos de la reforma. Reducir la jornada sin elevar la productividad equivale, en términos económicos, a encarecer el factor trabajo sin modificar su rendimiento. Para las empresas —especialmente las micros, pequeñas y medianas, que concentran más del 70% del empleo formal— esto implica mayores costos operativos, presión sobre márgenes y una menor capacidad de inversión.
La experiencia internacional demuestra que la ecuación puede funcionar, pero solo bajo ciertas condiciones. Alemania, por ejemplo, tiene una de las jornadas laborales más cortas de Europa, con alrededor de 1,340 horas anuales, y al mismo tiempo es una de las economías más productivas del mundo. La clave no ha sido trabajar más intensamente, sino hacerlo mejor: automatización, procesos eficientes, capacitación continua y una sólida cultura de gestión.
Un caso aún más ilustrativo es Islandia, donde entre 2015 y 2019 se realizaron pruebas piloto de semanas laborales de 35 a 36 horas. Los resultados, ampliamente documentados, muestran que la productividad se mantuvo o incluso aumentó, mientras mejoraron indicadores de bienestar. Pero esto ocurrió porque las organizaciones reestructuraron procesos, eliminaron reuniones innecesarias y apostaron por objetivos claros, no por horas frente al escritorio.
Francia, en contraste, ofrece una advertencia. La introducción de la semana laboral de 35 horas a principios de los años 2000 generó beneficios en ciertos sectores, pero también provocó rigideces, costos adicionales y una creciente dependencia de horas extras y esquemas compensatorios. El consenso actual es que la política, mal acompañada, tuvo efectos mixtos y no produjo el salto en productividad esperado.
México se encuentra, por tanto, ante una bifurcación. Si la reducción de la jornada se limita a un cambio normativo, sin una transformación profunda en la forma de trabajar, los riesgos son evidentes: aumento de informalidad, mayor subcontratación irregular, uso excesivo de horas extraordinarias y, eventualmente, menor generación de empleo formal. Paradójicamente, una reforma pensada para mejorar la calidad de vida podría terminar debilitando el mercado laboral.
Desde una perspectiva empresarial, la reforma obliga a replantear prácticas arraigadas. Durante años, la competitividad en México descansó en largas jornadas y bajo costo laboral. Ese modelo muestra hoy claros signos de agotamiento. En un entorno global donde la ventaja se construye con innovación, eficiencia y talento, prolongar horarios ya no es una estrategia sostenible.
La reducción de la jornada puede, en realidad, convertirse en un catalizador positivo. Obliga a las empresas a preguntarse dónde se pierde el tiempo, qué procesos agregan poco valor, qué tareas pueden automatizarse y cómo mejorar la toma de decisiones. Estudios del Banco Mundial señalan que hasta un 30% del tiempo laboral en economías emergentes se destina a actividades administrativas de bajo impacto. Atacar ese desperdicio puede generar ganancias de productividad superiores a las que hoy se buscan con horas extras.
Pero la responsabilidad no recae solo en el sector privado. El Estado debe acompañar la reforma con políticas públicas orientadas a la productividad: incentivos fiscales a la inversión tecnológica, programas de capacitación pertinentes, simplificación regulatoria y una implementación gradual que reconozca las asimetrías entre sectores y regiones. Sin ese apoyo, la carga será desproporcionada para miles de negocios. Se antoja muy complicado que el Gobierno lidere una transformación de esta naturaleza.
También es crucial evitar una trampa frecuente: confundir productividad con intensificación. Trabajar menos horas no debe significar trabajar bajo mayor presión o metas inalcanzables. La evidencia es clara: el estrés crónico reduce la eficiencia y eleva la rotación laboral, un costo oculto pero significativo para las empresas.
La reducción de la jornada laboral es una decisión audaz y, en muchos sentidos, necesaria. Pero su éxito dependerá de que se entienda una verdad básica de la economía moderna: el desarrollo no se construye con más horas, sino con más valor por hora. Si México logra aprovechar esta reforma para detonar una transformación productiva, el beneficio será amplio y duradero. Si no, el país corre el riesgo de quedarse con una buena intención y un mal resultado.
Menos horas pueden ser una ventaja competitiva. Pero solo si vienen acompañadas de más productividad.
Andrés Rodríguez Rodríguez
Experto en Derecho Laboral socio de Santamarina y Steta
