Hay algo que las estadísticas no pueden registrar: el miedo, ese factor que no se refleja en las cifras oficiales, pero es capaz de hundir negocios enteros.
Mientras que, con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se presume una disminución de 34% en las carpetas de investigación por extorsión en Puebla —101 casos en lo que va de 2026 contra 153 de 2025—, en la calle se ve distinto.
Desafortunadamente, la realidad para la iniciativa privada no se mide sólo en reportes ministeriales, sino en la cifra negra que presentan plataformas como Data Coparmex, que de acuerdo con el presidente de dicho órgano en Tehuacán, Juan Carlos Hernández, registra hasta 40 empresas víctimas de corrupción y extorsión en lo que va del año, quienes por miedo a represalias no denuncian.
No estamos ante un problema de llamadas esporádicas desde algún reclusorio, donde el empresariado advierte que siguen operando con impunidad, pues cerca de 30% de las presiones son presenciales, frente a frente, con cuotas que inician en tres mil pesos.
Para una Mipyme, ceder significa desfondar su patrimonio; negarse, arriesgar la integridad. ¿El resultado? candados que cierran para siempre y empleos perdidos.
Los empresarios han tenido que asumir el rol de autodefensas institucionales. La emisión de protocolos por parte de Coparmex Puebla —mantener la calma, colgar de inmediato, no confrontar y denunciar al 089— es una valiosa herramienta preventiva. Sin embargo, esto no sustituye a la justicia.
Enseñar a la víctima a protegerse no resuelve el problema.
Es destacable que el robo a transportistas en la México-Puebla haya bajado de 240 a 83 casos gracias a la Guardia Nacional, como recién apuntó Beatriz Camacho Ruiz, presidenta estatal del sindicato patronal. Pero de nada sirve despejar los caminos si en la puerta del local aguarda la delincuencia.
El diálogo entre la SSC federal y la iniciativa privada es de agradecerse, pero los empresarios quieren soluciones: bloquear la señal en penales, depurar fiscalías y Poder Judicial, como el propio gobernador Alejandro Armenta ha exigido.
Incluir la extorsión en el gasto operativo de una empresa es resignarse a dos calamidades: colapso económico y fortalecer la estructura criminal.
