El camino hacia los comicios de 2027 en el Estado de México proyecta una paradoja institucional constante en el sistema electoral mexicano. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) solicitó un Presupuesto de Egresos de 3,995 millones de pesos para renovar las diputaciones locales y las 125 alcaldías mexiquenses. Sin embargo, bajo la premisa de una administración austera impulsada por su presidenta, Amalia Pulido Gómez, la institución muestra que se pueden contener los gastos operativos, garantizando técnicamente la contienda en la entidad con el padrón electoral más grande del país.
No obstante, el contraste presupuestal resulta revelador. Mientras el financiamiento público a los partidos políticos incrementará 11% en términos reales respecto a 2024 - alcanzando más de 1,447 millones de pesos debido a una fórmula fijada por ley-, el gasto puramente operativo del IEEM sufrirá una reducción del 5.5%. En la práctica, esto significa que las fuerzas políticas incrementan sus arcas, mientras que el árbitro electoral debe absorber dicho aumento mediante recortes y ahorros internos para mantener operativas sus funciones esenciales.
Esta reestructuración financiera se refleja de forma drástica en el costo por elector. A pesar de que el padrón mexiquense supera ya los 13.3 millones de personas, el IEEM reducirá el costo operativo por ciudadano a 190 pesos para 2027, lo que equivale a una disminución del 13% acumulada en tres procesos electorales equivalentes. En otras palabras, la autoridad electoral está obligada a optimizar cada peso del 62% de su presupuesto destinado a la operación real, pagando nóminas eventuales, rentas de órganos desconcentrados, boletas y la logística del PREP.
Aquí radica el reto crítico de esta ecuación financiera: mientras la ley protege ciegamente las ministraciones de los partidos políticos y estos concentran una tajada desproporcionada del presupuesto público, la autoridad electoral se ve forzada a hacer cada vez más con menos. Exigirle al árbitro democrático que sostenga una infraestructura técnica sofisticada, combata la desinformación y garantice la certeza en el proceso con recursos operativos menguantes vuelve sumamente cuesta arriba la labor de fomentar la participación ciudadana y motivar la confianza en las urnas.
