El arranque de los registros para seleccionar a los “Defensores de la Transformación y la Soberanía” en los 125 municipios y 45 distritos del Estado de México, muestra un rediseño de las dinámicas de poder al interior de Morena rumbo a 2027. La decisión de la dirigencia nacional de ampliar el instrumento demoscópico a la gran mayoría de las demarcaciones -superando la idea de acordar sólo un puñado de municipios-, busca frenar el reparto por cuotas y las alianzas cupulares. Al desactivar las tradicionales mesas de negociación directa, que beneficiaban a grupos territoriales consolidados como Mexiquenses de Corazón o corrientes como los lopezobradoristas, la cúpula guinda impone el peso de la opinión pública sobre los cotos políticos locales, con el objetivo de retener la entidad de mayor peso electoral del país.
En un escenario donde la intensa competencia interna suele derivar en fracturas y litigios, la convocatoria guinda establece filtros metodológicos diseñados para garantizar la disciplina partidista.
El uso de hasta dos encuestas internas a cargo de la Comisión de Encuestas, respaldadas potencialmente por estudios espejo realizados externamente por empresas de prestigio y la apertura de los resultados a los perfiles aprobados, atiende la imperiosa necesidad de brindar certidumbre al proceso.
Aunque la dirigencia asume de antemano el desgaste político por las aspiraciones desatendidas, se prevé que la transparencia metodológica funcione como una barrera técnica contra las impugnaciones legales y minimice el riesgo de desbandadas hacia otras fuerzas políticas.
Asimismo, la estipulación en torno a que las determinaciones de la Comisión Nacional de Elecciones poseen carácter definitivo, constituye un golpe de autoridad institucional para exigir subordinación total. Bajo la premisa de que no hay cabida para el dolo ni para la división, se exige un pragmatismo absoluto a favor de la lealtad estructural, haciendo valer la máxima de que la decisión tomada será irreversible.
Sin embargo, la viabilidad política de este principio dependerá de la ecuanimidad real con la que se conduzca la dirigencia; si las encuestas cumplen con su función de reflejar la autenticidad del respaldo popular, la cohesión del movimiento saldrá fortalecida, pero cualquier sesgo percibido pondría a prueba la gobernabilidad interna del partido en el terreno local.
En última instancia, lo que está en juego en el Estado de México no es únicamente el reparto de candidaturas locales, sino la consolidación de la hegemonía territorial de la 4T en la plaza política más relevante del país. Al cerrar la puerta a las componendas de grupo y condicionar la sobrevivencia política de los liderazgos tradicionales a su verdadero posicionamiento popular, Morena somete a sus cuadros a un control de calidad electoral imprescindible. Ante eso, si el mecanismo demoscópico logra contener las presiones de las tribus locales y legitimarse ante las bases, la dirigencia nacional habrá sentado un precedente de centralización estratégica que reforzará la maquinaria del partido rumbo a 2027; si falla, el costo político no será la impugnación de una encuesta, sino la erosión de su gobernabilidad en el principal bastión del centro del país.
