Parece que la Secretaría de Educación Pública (SEP) sigue sin hacer una lectura adecuada de la demanda de transitar hacia formas más democráticas y justas en los procesos de admisión y promoción docente, los cuales deben ser pensados desde una integralidad y no con el sesgo orientado hacia sólo un aspecto del proceso. Me refiero a la “Cuestionario para el diagnóstico rumbo a un nuevos Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros” que recientemente ha circulado para que las maestras y maestros lo contesten y con ello sentar un referente de “consulta” y/o “de tomar en cuenta su opinión”. Esta lógica institucional que se instrumenta (la encuesta como un dispositivo de validación y legitimación de un proceso) se monta en el bajo nivel de importancia que la SEP evidencia sobre el fortalecimiento de la carrera docente, y por supuesto, sobre la educación en nuestro país.
La demanda de “quitar” a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros(USICAMM) se alimentó particularmente de dos narrativas. Una de ellas tiene que ver con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que vio limitada su injerencia y poder en el manejo de las plazas, primero con la Ley General del Servicio Profesional Docente (2013) y después con la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (2019), esta última, primero la aplaudió y cuatro años después comenzó a demandar su desaparición, obviamente con los cálculos e intereses políticos correspondientes. Otra narrativa proviene de las maestras y maestros, que venían de procesos punitivos de evaluación durante el sexenio peñista y consideraban que con un gobierno de izquierda los procesos tomarían otro sentido. La desilusión no tarda en llegar al darse cuenta que los procesos seguían montados en la lógica del mercado y que además se agudizaron al percibir la ausencia de transparencia en las vacancias de plazas, en la asignación y en la promoción por parte de la SEP y el SNTE. Condición que se complejizó al desarrollarlos procesos “en línea/virtual” y sujetos a una lógica de procedimiento administrativo que pocas veces admitía y/o reconocía la demanda de inconsistencias.
Estas narrativas “se recuperan” por parte de la Presidencia de la República quien, sin un diagnóstico serio.
