El gobierno de México no quiere que la Asamblea General de la ONU le ayude a atender la crisis actual de desapariciones. Y en lugar de dar las gracias rechazó lo que el Comité de Desapariciones Forzadas planteó en un amplio informe sobre esto que lastima a más de 130 mil familias y las que a diario se acumulan.
La 4T se hizo la ofendida al reclamar que el documento se hizo "a partir de premisas que no reflejan la realidad actual" e insistir en que desde el gobierno no se ordena desaparecer a nadie.
Le falta comprensión lectora a quienes en Presidencia, Segob, SRE y en la CNDH (de Piedra) reaccionaron, pues evidentemente el gobierno federal no está desapareciendo personas. ¿Pero qué nos dicen de las instituciones de seguridad locales? Hace dos semanas seis trabajadores de San Luis Potosí fueron secuestrados en Matehuala y liberados a los tres días, coincidentemente el director de la policía municipal fue detenido. Se presume que su corporación los habría intentado entregar a un grupo criminal.
En el sexenio pasado, el presunto líder de "La Barredora", Hernán Bermúdez Requena, cometió desaparición forzada cuando fungió como secretario de seguridad de Tabasco, así lo señala la nueva acusación en su contra, por la que acaba de ser vinculado a proceso.
Y aunque evidentemente los casos se siguen cometiendo, ¿no es del interés de la 4T hacerse de ayuda internacional para combatir lo que se hizo en el pasado? Crímenes que su Fiscalía General de la República aún persigue: como la desaparición forzada que presuntamente cometieron el exprocurador Jesús Murillo Karam o el prófugo Tomás Zerón. Ambos cuentan con ese cargo en las acusaciones que enfrentan.
No es contradictorio que hace unas semanas se informó que México negociaba con organismos internacionales para retomar el trabajo de expertos en el caso Ayotzinapa, en el que corporaciones municipales secuestraron a estudiantes normalistas y los entregaron a los criminales.
Por eso debe replantearse la respuesta a la ONU y tomarle la palabra. Hay un solo párrafo que abre esa posibilidad: "reafirmamos el compromiso absoluto de este gobierno con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, como parte central de la transformación nacional".
Si el gobierno actual no lo hace y la crisis de desaparecidos persiste será su entera responsabilidad, aunque sea más fácil seguir culpando a Calderón.
