La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció un tardío acuerdo con Estados Unidos para ampliar un año más los visados a cerca de 400 empleados consulares, cuyos permisos de trabajo expiran en agosto próximo.
La SRE dejó crecer el problema hasta el último momento, en vez de negociar el asunto desde un principio, retraso que creó durante años un ambiente de incertidumbre laboral entre los empleados consulares por el temor a perder sus puestos de trabajo.
El problema ha sido diferido, mas no resuelto, ya que no se sabe cuántos y quiénes serán despedidos de las mil 600 personas que integran todo el personal consular, ahora que en agosto próximo se cumpla el plazo.
Los 50 consulados de México en EU dependen en gran medida del trabajo que realizan los empleados consulares, en conjunción con el personal diplomático, en la protección a la comunidad mexicana, expedición de matrículas y pasaportes, repatriación de cenizas, legalización de documentos, entre otras funciones.
Los empleados locales son llamados por la SRE Prestadores de Servicios Profesionales Independientes (PSPI), cuestionable figura jurídica por la cual dichos trabajadores no reciben todos los derechos laborales. Esta simulación se debe al propósito de la cancillería de ahorrar gastos salariales, algo parecido al criticado outsourcing, pues, aunque tienen seguro médico no cuentan con seguridad social, ni pensiones, ni tampoco seguro médico para sus familiares directos.
Los llamados PSPI, denominación creada en 2015 por la cancillería en el gobierno de Enrique Peña Nieto, no son ‘independientes’ sino que dependen de un jefe que es el cónsul y de un patrón que es la SRE, a través de contratos temporales por un plazo que puede ser de sólo tres meses hasta un año.
El temor se incrementó desde hace años por la resolución del Departamento de Estado, notificada en 2016 a todas las representaciones extranjeras en Estados Unidos, no sólo a la embajada de México, de limitar a cinco años la vigencia de sus visas de trabajo A-2, sin posibilidad de renovación.
Los cónsules generales y los cónsules no pueden contratar ni despedir a ningún empleado local sin contar con la previa autorización de la SRE, ya que los sueldos provienen del presupuesto de la cancillería, no de los consulados.
El funcionamiento de la red consular en Estados Unidos depende de la recaudación que en algunos consulados captan más de un millón de dólares al mes. El total de los recursos primero son concentrados en la Tesorería y luego buena parte se devuelve a los consulados. Si disminuye el número de trabajadores locales, evidentemente caerá la recaudación consular y habrá menos recursos para el adecuado funcionamiento de los consulados.
En reconocimiento a los importantes servicios que prestan los esforzados empleados consulares, la SRE debería cancelar la figura de los llamados PSPI, creada en la época neoliberal, y reconocerles a los empleados consulares plenos derechos laborales, de la misma manera como el presidente Andrés Manuel López Obrador combate el denominado outsourcing dentro de México.
Es de justicia acabar con la simulación laboral en los consulados y en las embajadas de México en el extranjero.
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@AGutierrezCanet
