La posición de México sobre la migración centroamericana hacia Estados Unidos ha sido confusa y requiere actuar con claridad de miras, antes de que la situación tenga graves consecuencias internas para el país.
El gobierno mexicano, desde que asumió el poder hace casi cinco meses, ha fluctuado entre la apertura inicial sin restricciones y el control migratorio implantado recientemente.
Todo ello bajo la constante presión del presidente Donald Trump de cerrar la frontera con México y la pasividad de los gobiernos centroamericanos.
México ha oscilado entre facilitar el traslado de las caravanas migrantes hacia el norte, invocar la protección de los derechos humanos, hasta prometer trabajo y seguridad para los migrantes, por un lado, y detener por la fuerza a familias migrantes con el apoyo de la Policía Federal, por el otro.
Las fotografías, publicadas el martes en la primera plana de los diarios, de madres con hijos en llanto, detenidos por agentes de migración y policías federales, impactaron a la opinión pública.
Por ejemplo, 90% de los lectores de El Sol de México opinó que los migrantes deben tener visa para entrar a México, mientras que 7% cree que todas las personas deben transitar con libertad en cualquier lugar de México, como dice el artículo 11 constitucional.
Sin duda, el problema es muy complejo pues tiene aspectos jurídicos, políticos, económicos, sociales, ambientales, internos y regionales, según lo comentamos aquí en la anterior columna intitulada Xenofobia mexicana.
Pero primero, antes que nada, se requiere orden dentro del gobierno. Ha ocurrido que una secretaría asume compromisos internacionales en materia migratoria que son competencia de Gobernación. Por ello, cada dependencia debe asumir facultades que le competen, en el marco de la ley para trabajar en equipo y coordinarse.
Segundo, la acción de México debe guiarse por el Pacto Mundial sobre Migración; su premisa es cooperación internacional, basada en respeto a la soberanía de cada país para determinar su política migratoria.
Nuestro país y los centroamericanos suscribieron el acuerdo en diciembre de 2018 en Marrakech, excepto EU, pero en la práctica todos somos corresponsables.
Con o sin pacto, Estados Unidos sabe que necesita de México para cooperar a fin de que la frontera común sea segura. Y por ello, depende de México.
Nuestro país ha actuado de manera responsable para evitar que el territorio mexicano sea utilizado para lanzar ataques terroristas contra EU.
Asimismo, México sabe que requiere de información de inteligencia de EU y de los centroamericanos para adoptar medidas, no solo antiterroristas, sino también contra la trata y el tráfico de personas.
El pacto migratorio de la ONU establece que la migración debe ser segura, ordenada y regular. Y las caravanas no han sido ni seguras, ni ordenadas ni regulares.
El pacto reconoce también el derecho de cada Estado a controlar sus fronteras y determinar quién entra y quién no a su territorio.
Por ello México, sin contradecir su posición de defender los derechos humanos de los migrantes, tiene el legítimo derecho de controlar sus fronteras.
Y solo con la cooperación internacional, EU, México, Honduras, El Salvador y Guatemala tendrán fronteras seguras entre sí.
gutierrez.canet@milenio.com
@AGutierrezCanet
