Hoy se cierra el plazo para competir por la plaza de agregado laboral en la embajada de Estados Unidos en México, el cual vigilará que nuestro país cumpla con las disposiciones del T-MEC en la materia.
El capítulo laboral del Protocolo Modificatorio, que los demócratas condicionaron para que el Congreso estadunidense aprobara el tratado, forzó a México a aprobar una reforma laboral que incorpora cambios sobre derechos laborales.
El tratado establece que cualquier incumplimiento en asuntos laborales afectará el comercio o la inversión entre las partes, que van desde la suspensión del trato preferencial, pasando por la imposición de aranceles, hasta el cierre de bienes y servicios procedentes de México.
Sin embargo, las sanciones no deberán ser automáticas ni inmediatas, sino que estarán sujetas a un Mecanismo de Respuesta Rápida que permita resolver disputas bilaterales, según dijo al Senado el solitario jefe negociador, Jesús Seade.
Pero, como lo señala el senador Ricardo Monreal Ávila en su libro Del TLCAN al T-MEC, retos y perspectivas, “hay diferencias en las interpretaciones, ya que el Protocolo Modificatorio establece que al entregar la solicitud —a la parte demandada— para entregar un panel laboral de respuesta rápida… la parte reclamante podrá retrasar la liquidación final de las cuentas aduaneras relacionadas con el ingreso de mercancías”.
En mi opinión, la negociación del T-MEC en los asuntos laborales, a través del Mecanismo de Respuesta Rápida, no garantiza certidumbre jurídica ni pronta respuesta y coloca a México en subordinación indirecta al marco legal interno de Estados Unidos, al arrogarse el derecho a monitorear el cumplimiento de las obligaciones laborales de México.
Dicho marco legal estadunidense establece un Comité Laboral Intersecretarial para monitorear y vigilar el cumplimiento de los compromisos laborales de México, un Consejo de Expertos Laborales Independientes para observar a México y hasta cinco agregados laborales en la embajada y consulados de Estados Unidos en México.
De acuerdo con la convocatoria del Departamento del Trabajo, el agregado laboral en México, que percibirá un salario de entre 142 mil 701 y 170 mil 800 dólares al año, tendrá las siguientes funciones principales:
—“Supervisar (sic) y monitorear el cumplimiento de México con las disposiciones laborales contempladas en los acuerdos y programas comerciales, consistentes con los requisitos laborales del T-MEC, y trabajar para asegurar (sic) la aplicación efectiva de las leyes y reglamentos laborales”.
—“Vincularse con los responsables de la formulación de políticas de alto nivel en los EU y México para asegurar (sic) y facilitar la implementación de las metas y objetivos relevantes del gobierno de EU”.
—“Supervisar (sic) las iniciativas de reforma del país y garantizar (sic) el cumplimiento de las disposiciones del T-MEC, las normas laborales internacionales y la aplicación efectiva de las leyes y reglamentos laborales”.
Supervisar, asegurar, garantizar son facultades propias de una autoridad nacional soberana, no de un diplomático extranjero, quien llegará a México empoderado como un virrey laboral de Estados Unidos.
Así que estemos preparados para enfrentar eventuales sanciones comerciales de Estados Unidos por disputas laborales.
gutierrez.canet@milenio.com
@AGutierrezCanet
