México ocupa el quinto lugar mundial en periodistas asesinados entre 1992 y 2021 con 66 casos, solo por abajo de Irak (190), Siria (134), Filipinas (88) y Somalia (71), según el Comité para la Protección de Periodistas, una organización civil internacional con sede en Nueva York.
Aunque los homicidios abarcan un periodo de 30 años, los recientes asesinatos de cinco periodistas en un mes reflejan la impunidad de los agresores, ya sean gatilleros del crimen organizado o de autoridades corruptas.
Los asesinatos no son responsabilidad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, —que a la mitad del sexenio han muerto violentamente 23 reporteros—, pero sí exhibe la incapacidad para hacer valer la justicia.
No contribuyen a la libertad de expresión, más allá de ciertas razones atendibles, los constantes ataques presidenciales a los periodistas críticos de su gobierno, pues crean un ambiente de linchamiento público que podrían poner en peligro su seguridad o su vida.
Algunos fanáticos podrían estar dispuestos a agredir a los críticos del mandatario, por su propia iniciativa, creyendo desagraviar así a su líder.
Cuenta la leyenda que un experimentado político —no recuerdo si era Adolfo Ruiz Cortines— decía que ningún presidente de la República debe hablar mal de nadie en público, pues no faltan los incondicionales que por agradar a su jefe son capaces de acallar al enemigo del mandatario.
Lamentablemente, el presidente López Obrador ejerce todo el poder constitucional que le confiere su investidura para dominar a otros poderes autónomos, con la dudosa justificación de transformar al país.
Sin embargo, las buenas intenciones transformadoras de AMLO corren el peligro de involucionar a México hacia un peligroso modelo autoritario, sin contrapesos, que atente contra las libertades, incluyendo la libertad de disentir, lo cual es normal en una democracia.
La Secretaría de Gobernación hace un buen trabajo con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que las protege de las agresiones que sufren con motivo de su labor.
Pero de poco sirve la protección a los periodistas, en un clima generalizado de violencia con casi cien asesinatos al día, cuando algunos informadores están bajo el fuego presidencial, y cuando la inmensa mayoría de los casos no se resuelven.
Conviene subrayar que la abrumadora mayoría de los delitos en México queda impune, lo que afecta no solo al gremio de los periodistas, sino a toda la población en general.
Según México Evalúa, —ONG financiada por US Aid, la agencia estadunidense que el presidente acusa de intervencionista—, 95 por ciento de los delitos permanece impune.
El precario Estado de derecho es el principal problema de México. Sin un eficaz sistema de justicia no podremos construir bases sólidas para lograr el desarrollo político, el bienestar económico y la justicia social, tarea pendiente del gobierno, los partidos y la sociedad.
Los ciudadanos somos más vulnerables cada vez que muere un periodista asesinado porque no solo desaparece la libertad de expresión de una persona, sino que amedrenta a todos los ciudadanos a quedarnos callados por temor a sufrir represalias.
El silencio nos esclaviza. Pensemos y hablemos de manera abierta por la dignidad de nosotros y por el futuro de nuestros hijos.
gutierrez.canet@milenio.com
@AGutierrezCanet
