William Barr acaba de publicar “Una maldita cosa tras otra: memorias de un procurador general” (One Damned Thing After Another: Memoirs of an Attorney General), que incluye un capítulo sobre el narcotráfico y la detención del general Salvador Cienfuegos.
“El 26 de octubre, cuando el secretario de Relaciones Exteriores Ebrard me llamó para objetar el arresto, se quedó estupefacto por mi inmediata aceptación. Ofrecí disculpas y expliqué que la captura no había sido conducida de manera adecuada, y del que ni yo ni el jefe de la DEA estábamos enterados de antemano. Fui muy claro en decirle que estaba dispuesto a regresar a Cienfuegos y que para ello estaba adoptando las medidas formales. Le solicité que AMLO no prosiguiera con la propuesta de ley en la Cámara de Diputados que en realidad acotaría a la DEA en México. Le manifesté que estaríamos dispuestos a acordar protocolos para impedir que ocurran hechos similares en el futuro, pero que la nueva ley haría imposible trabajar eficazmente en contra de los cárteles. Ebrard tomó nota. Sugirió que, si aportábamos a México las evidencias contra Cienfuegos, las autoridades mexicanas investigarían el asunto”, escribió Barr.
Aunque el procurador general reconoció que fue improcedente la detención de Cienfuegos, ocurrida el 15 de octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles, Barr sí tenía conocimiento y el embajador Christopher Landau también que desde un año antes un Gran Jurado ya había aprobado la orden de detención contra Cienfuegos. Y pese a ello se abstuvo de informar a las autoridades mexicanas en sus dos visitas a México. De esta calculada omisión, Barr calla en su libro.
Como es sabido, el presidente López Obrador fue firme, hizo caso omiso a la petición de Barr, y expidió la nueva ley que regula a los agentes extranjeros en México. Las evidencias que aportó la DEA resultaron un fiasco, Ebrard resultó colaboracionista y el honor del general Cienfuegos se mantuvo incólume.
No obstante, para el gobierno estadunidense, el frustrado juicio contra la más alta autoridad militar mexicana representó una vergüenza, y para López Obrador significó una afrenta al respeto que, según él, le dispensaba Trump.
El 5 de diciembre de 2019, la Secretaría de Relaciones Exteriores calificó la primera reunión con Barr como “cordial y respetuosa” en un boletín intitulado “Avanza colaboración México–Estados Unidos en materia de seguridad”, mientras que el procurador se abstuvo de mencionar el caso Cienfuegos.
Del segundo encuentro, celebrado el 16 de enero de 2020, la SRE informó así: “Concluye con éxito visita del fiscal William Barr a México”, en tanto que el procurador estadunidense continuó ocultando información por falta de confianza.
En sus memorias, Barr sabía que el fiscal en Brooklyn y la DEA en México, ambos bajo su autoridad, comenzaron a investigar al general Cienfuegos desde que era secretario de la Defensa Nacional y nada le dijo a Ebrard.
El cinismo de Barr, la DEA sin control, la desconfianza mutua, la ingenua política “abrazos no balazos” y la peligrosa militarización mexicana, revelan el frágil estado de derecho en el que vivimos.
Así, en estas condiciones, es más difícil proteger la seguridad de los ciudadanos de México y de Estados Unidos. Urge recobrar la confianza para cooperar eficazmente en el combate a los delincuentes transnacionales.
Agustín Gutiérrez Canet
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